La historia que cuenta Ullah Zakha parece del siglo XIX, pero empieza en 2019. Salió de Gujrat, Pakistán, para ir andando hasta Italia, tardó un año y ocho meses. Muestra en el móvil la ruta que hizo, y asegura que todos sus compañeros han llegado igual: pasó por Afganistán, Irán, Turquía, Grecia, Serbia, Hungría, Austria y en Italia acabó en Prato, a media hora de Florencia. Es la segunda ciudad de Toscana con 198.000 habitantes y el centro de industria textil más grande de Europa, un núcleo histórico del made in Italy que desde la crisis de 2008 fue colonizado por una galaxia de 5.000 empresas chinas, de un total de 7.000. Son subcontratadas para hacer rápido ropa barata para otras marcas y suponen el 3% de toda la producción textil de la UE. Después de un viaje así, Ullah Zakha se encontró trabajando en una fábrica de un empresario chino, Confezioni San Martino, 12 y 14 horas al día, siete días a la semana, y si se ponía enfermo no cobraba. Mandaba parte del dinero a su familia y vivía en una casa de dos habitaciones, un baño, cocina y salón con otras 10 personas.
Esto es normal en Prato, donde según denuncian la fiscalía y los sindicatos, trabajan en condiciones de esclavitud miles de extranjeros, principalmente chinos, paquistaníes y bangladesíes, en empresas dominadas por la mafia china. Se concentran en el llamado Macrolotto, un gigantesco polígono donde se suceden naves con carteles en mandarín bajo nombres de empresas en italiano que en realidad son una fachada. Esto era normal… hasta ahora: lo que ha cambiado es que muchos trabajadores ya saben lo que es una huelga, y que funciona. Gracias a un sindicato, SUDD Cobas, formado por jóvenes de la localidad, que en tres meses ha conseguido regularizar la situación de 79 pequeñas empresas. Aunque llevan siete años peleando en solitario, y ahora ven los frutos. Ya tienen mil afiliados.
“Todo cambia el día en que en una de esas casas donde duermen 10 llega el sábado y uno no se levanta, y les dice que en su fábrica descansan dos días a la semana y trabajan ocho horas, cobrando lo mismo o más, entre 1.300 y 1.500 euros. Entonces le preguntan cómo lo ha hecho”, cuenta Luca Toscano, de 33 años, coordinador de SUDD Cobas junto a Sarah Caudiero, de 31. Los dos fundaron el sindicato en 2018, y luego se fueron uniendo otros jóvenes. Están sentados este miércoles con un piquete de trabajadores paquistaníes frente a la entrada de la empresa Minth. A las 13 entran dos empleadas chinas que vienen de comer y los trabajadores se encienden, gritando en un italiano que en realidad hablan poco: “S-cio-pe-ro (huelga)”. “Las personas se transforman. Llegan anulados y con la primera huelga se entusiasman, ven que se pueden cambiar las cosas. Se construye una comunidad”, cuenta Toscano. Asegura que no importa en qué franja de calidad trabajen: “Esto nos ha impresionado. Son las mismas condiciones para quien fabrica bolsos de 20 euros o de 2.000”.
Ullah Zakha, el que vino andando desde Pakistán, cuenta su historia en la fábrica vacía de Confezioni San Martino, que él y otros compañeros ocupan desde hace un mes, con ayuda del sindicato. Se ven máquinas de coser, montañas de tela, carretes de hilo de todos los colores. Tras una inspección, el empresario chino desapareció el 26 de junio, sin pagarles el sueldo. También esto es normal en Prato. Si hay problemas, cierran y abren otra empresa, con otro nombre. No lo dicen ellos o el sindicato, sino el fiscal jefe de Prato, Luca Tescaroli, que aterrizó en la ciudad hace justo un año tras una larga y reconocida carrera contra la mafia. Pero aun así se quedó impresionado con lo que se encontró. “Estamos ante una estructura criminal integrada donde la explotación laboral es central y neurálgica (…) Esto ocurre gracias a las llamadas empresas abre y cierra. Cuando la empresa registra pérdidas, los activos se transfieren a una nueva empresa registrada a nombre de testaferros. Esto perjudica aún más a las autoridades fiscales y distorsiona la competencia”, dijo en enero en una comparecencia parlamentaria.
Ocurre lo mismo cuando el sindicato organiza una huelga. A veces las empresas ceden y negocian porque se bloquea la producción y tienen márgenes tan ajustados que no se pueden permitir la más mínima pérdida. Pero en otras ocasiones cierran directamente, porque el negocio solo es rentable, a los precios tan bajos que venden, en las condiciones ilegales en que lo producen. Entonces las protestas se trasladan a las empresas que están por encima en la cadena, que les hacen los encargos, y están logrando que se hagan cargo de las indemnizaciones. La presión está llegando a otras fábricas que ya mejoran las condiciones sin intervención del sindicato, para quitarse problemas. Hay una corriente de cambio.
De todos modos, la batalla sindical solo llega a trabajadores paquistaníes y bangladesíes. Los chinos se mantienen al margen. “Ni hablan italiano, es imposible comunicarse. Algunos nos han dicho: ‘estamos con vosotros, seguid así, pero no podemos unirnos, si lo hacemos nos matan’. El nivel de violencia es altísimo”, explica Toscano. Cuenta que los ciudadanos chinos llegan a Prato ya con trabajo, con una deuda de 7.000, 8.000 euros, que deben devolver. Viven al lado de la fábrica, están en un mundo aparte, muchos no existen para las autoridades. La fiscalía calcula que hay 15.000 empleados fantasma, en una comunidad china que oficialmente es de 32.000 personas (16% de la población, según el Ayuntamiento), pero que llega a las 50.000 personas. Es una de las más grandes de Europa después de la de París. Una parte está más integrada en el municipio, las generaciones más antiguas, pero otra vive segregada. Ni pisan los hospitales porque tienen los suyos propios, entidades privadas chinas. Se ven a lo largo de las avenidas del polígono. Si hay accidentes laborales, ahí los llevan.
Un circuito millonario en negro
El panorama que ha dibujado la fiscalía es un circuito millonario en negro. La materia prima llega de China por el puerto griego del Pireo, controlado por capital chino; el de Gioia Tauro en Calabria, también con participación china y en territorio de la ‘Ndrangheta, la mafia local; y también por puertos de Eslovenia. Tescaroli ha explicado que evaden impuestos porque la mercancía formalmente llega a Hungría y de ahí va al resto de la UE con sociedades pantalla que no pagan tasas ni IVA. Los ingresos luego salen hacia China con bancas clandestinas, un sistema llamado Chinese Underground Bank System, que utiliza criptomonedas y plataformas en paraísos fiscales. Por otro lado, esta red de producción a bajo coste atrae a empresas italianas, también grandes marcas, que no dudan en utilizar sus servicios. En el polígono se ven coches de matrícula española, francesa, holandesa, agentes que vienen a hacer encargos. El propio fiscal ha admitido que hay un problema incluso de “colusión entre miembros de las fuerzas del orden y empresarios chinos”.
El problema, además, de repente se ha hecho muy visible porque ha estallado la llamada guerra de las perchas: la pelea por el control del negocio entre los grupos criminales chinos, que tienen conexiones con las grandes mafias italianas del sur, la ‘Ndrangheta, la Camorra y la Sacra Corona Unita, según la fiscalía. El último año ha sido una cadena de graves episodios de intimidación: homicidios, bombas, incendios, palizas.
El auge del conflicto se ha ido siguiendo en las páginas de sucesos y ha ido sacando a la luz un mundo oculto, o que nadie quería ver. Solo emergía con tragedias como la de 2013, cuando en el incendio de una fábrica murieron siete trabajadores chinos que dormían allí mismo. Pero el último año ha mostrado el lado más oscuro. En julio de 2024, un comando de seis sicarios llegados expresamente desde China entró en el bar Number One del polígono y apuñaló salvajemente a un empresario, que sobrevivió de milagro. En realidad, era un capo que controlaba parte de la producción de perchas, un elemento básico en el negocio. Había bajado el precio de cada percha de 27 céntimos a 6 y la mafia que ostentaba el monopolio le dio una lección. De ahí el nombre del conflicto, guerra de las perchas. Los empresarios son forzados a comprar las perchas y usar la logística de determinadas empresas, y quien se niega es castigado. Pero en este caso luego sucedió algo insólito, que también ha supuesto un cambio: la víctima fue a denunciarlo y empezó a colaborar con la justicia. Otros le han seguido después.
Luego la guerra fue a más. En octubre alguien dejó un ataúd frente a la residencia de otro empresario, con su foto encima. En febrero, tres bombas caseras explotaron y causaron incendios la misma noche en sendas fábricas de la zona. Las tres compañías eran del gran capo Zhang Naizhong, cuyo nombre se pronuncia con miedo en Prato, según la policía. Dos semanas más tarde hubo otro incendio en una nave de una empresa china en Fuenlabrada y luego en otra en París, que los investigadores italianos relacionan con la guerra de Prato. En marzo, un intento de asesinato con tres tiros a la cabeza a un empresario chino de Milán. El 14 de abril se llegó al punto culminante, el asesinato en Roma de dos ciudadanos chinos con tiros en la nuca en plena calle. Eran Zhang Dayong, brazo derecho del capo Zhang Naizhong, y su novia. Cinco días después, otro tiroteo en Prato.
Esto son solo los episodios más graves, hay muchos otros de palizas a trabajadores e intimidaciones. Tescaroli ha pedido crear en la fiscalía de Prato una Dirección de Distrito Antimafia (DDA) específica, como en otras capitales, y cambiar la ley para poder dar protección a arrepentidos extranjeros, pues solo está prevista para italianos y ya hay pentiti de nacionalidad china. También hay más de medio centenar de trabajadores explotados que han roto la omertà y han acudido a denunciar, algo inédito. Se está rompiendo un sistema de años en Prato. Incluso una investigación ha llevado a dimitir en junio a la propia alcaldesa, Ilaria Bugetti, del Partido Democrático (centroizquierda), acusada de corrupción por sus relaciones con un empresario textil.
En medio del choque criminal se ha cruzado la batalla sindical, un problema más en la guerra de precios de las empresas, pues cumplir la ley significa aumentar los costes. Por eso también ha habido amenazas y ataques a trabajadores que hacían huelga. El pasado mes de octubre un grupo de encapuchados atacó con barras de hierro a cuatro empleados que dormían frente a la empresa de tintorería Lin Weidong. Durante los meses más duros de la guerra de las perchas, los miembros del sindicato han tenido que acompañar a trabajadores a sus casas al final del turno.
En Prato se han acostumbrado durante años a crecer con un agujero negro a lado de sus casas, en el que era mejor no mirar. “Aquí se ha creado una especie de zona económica especial, donde la ley no contaba. Fue la manera de salir de la crisis de 2008 y les ha convenido a todos. Se siguen construyendo naves, es uno de los pocos lugares industriales de Europa en crecimiento”, opina Toscano. Él y Sarah Caudiero, fundadores del sindicato, venían del activismo con inmigrantes y asociaciones y pensaron que había que hacer algo. Aseguran que los grandes sindicatos tradicionales se han limitado a llevar casos individuales a los tribunales, algo que a las empresas no les preocupa.
Toscano recuerda la primera huelga que organizaron, en 2018. La empresa cedió enseguida y fue un éxito, pero a los pocos días a los dos delegados les dieron una paliza. “Pensamos que se acabaría ahí, que los demás tendrían miedo, pero nos empezaron a llamar de más sitios”. Comenzaron por las grandes empresas y aseguran que entonces no tuvieron en contra a la mafia china, sino a las instituciones y a la policía, que echaba a los piquetes a la primera de cambio, aunque Toscana es una región históricamente rossa, siempre gobernada por la izquierda. Aun así consiguieron acuerdos en unas 80 empresas y empezaron a tener visibilidad.
Con las empresas pequeñas, que son la mayoría, con una media de seis trabajadores, al principio fracasaron. Solo uno o dos se sindicalizaban, pero con la experiencia acumulada y ya una masa crítica de asociados en abril se concentraron en ellas: ahora los trabajadores de las empresas grandes van a apoyar a los de las pequeñas. Y ha funcionado. En junio llegó a haber 10 huelgas simultáneas, con 80 trabajadores durmiendo en la puerta de las fábricas. Ahora mismo el sindicato no da abasto para atender todas las peticiones que reciben para organizar movilizaciones, porque las comunidades paquistaníes y bangladesíes están viendo que su vida puede cambiar. Millones de turistas viajan desde todo el mundo para ir a Florencia, pero ellos viven al lado y nunca han ido. Toscano cuenta que algunos llevan cinco o seis años aquí y nunca habían salido de esta zona: “Cuando por fin tienen un día libre es la primera vez que van a ver el Duomo, o incluso el centro histórico de Prato”.
