El Gobierno de Rabat se ha visto salpicado en los últimos días por un escándalo de presunto fraude inmobiliario y evasión fiscal en el que está implicado el ministro de Justicia, Abdelatif Uahbi, dirigente del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), fundado por Fuad Alí el Himma, actual consejero del rey Mohamed VI. Después de airear en las redes sociales hace un mes miles de datos confidenciales de la Administración, un grupo de piratas informáticos denominado Jabaroot, de supuesto origen argelino, ha filtrado también los registros de negocios inmobiliarios de Uahbi y de otra ministra de su mismo partido. A la vista de las revelaciones, el titular de Justicia es acusado ahora por la oposición de haber transferido una de sus propiedades por apenas la décima parte de valor real: un millón de euros. Este miembro clave de la coalición gubernamental que preside el conservador Aziz Ajanuch, se declara víctima de “un ajuste de cuentas” por parte de una “quinta columna” que manipula desde el interior del país filtraciones de actores extranjeros “propagadas sin verificación desde lugares obscuros” dentro de una sorda pugna por el poder en una guerra digital.
El ministro Uahbi, promotor de una reforma del Código Penal para castigar el enriquecimiento ilícito, ha visto ahora cómo documentos notariales y bancarios de una de sus operaciones inmobiliarias pueden ser consultados en Telegram o Facebook. En 2020 adquirió un terreno de más de 2.800 metros cuadrados en uno de los distritos residenciales más cotizados de Rabat. Para ello solicitó un préstamo hipotecario de un millón de euros que canceló con la banca cuatro años más tarde para cederle la titularidad a su esposa por un valor declarado inferior a 100.000 euros. Aunque finalmente ha admitido que ha infravalorado la finca, justifica la donación en la tradición islámica de recompensar el trabajo doméstico no remunerado de la mujer. “Es un reconocimiento que ella merecía después de 30 años de matrimonio”, declaró al portal digital Hespress.
La Federación Marroquí de Asociaciones de Defensa de los Consumidores, que agrupa a 70 entidades, considera que la operación inmobiliaria constituye “un manifiesto abuso de poder” y llama a la Administración Fiscal a abandonar su pasividad en este caso. “El servicio de impuestos tiene datos actualizados de los valores inmobiliarios por barrios. Ignorar esta infravaloración equivale a complicidad tácita”, reza un comunicado de la Federación, que advierte contra la sensación de “impunidad” que se observa desde la sociedad civil.
Alcaldesa de Marraquech y actual coordinadora general del PAM tras haber relevado a Uahbi, la ministra de Urbanismo, Fátima Mansuri, ha sido señalada también por los hackers de Jabaroot, que han difundido en las redes escrituras notariales de la venta de terrenos por un monto de 25 millones de euros. Los ciberpiratas la acusan de haber amasado una fortuna con las operaciones inmobiliarias de su familia. Una semana después de que estallara el escándalo, Mansuri ha replicado que los terrenos de origen privado citados en los documentos filtrados proceden de una herencia familiar, por la que se pagaron todos los impuestos, y que fueron recalificados antes de que ocupara el cargo ministerial.
“Mientras amplias capas de población y numerosas regiones del país sufren penuria y marginalización, estos hechos y los casos de conflictos de intereses de otros altos cargos sacan a la luz la amplitud de la corrupción en el Estado, en el que la impunidad de los delitos económicos se ha convertido en norma”, acusa a su vez la Federación de Izquierda Democrática en un comunicado. Esta fuerza política minoritaria resalta además que los autores de abusos de poder y desvío de fondos públicos suelen escapar a la justicia, en tanto que periodistas de investigación y los activistas que lanzan las alertas ante la opinión pública son perseguidos ante los tribunales.
Una de las escasas voces que se atreve a romper el silencio contra la corrupción en Marruecos, el periodista Hamid el Mahdaui, ha sido condenado a un año y medio de cárcel tras ser demandado precisamente por el titular de la cartera de Justicia, en una sentencia ratificada el mes pasado. Director del portal Badil Info, Mahdaui implicó al ministro Uahbi en casos controvertidos de abuso de poder en varios vídeos difundidos a través de su canal en YouTube. Reporteros Sin Fronteras denuncia que este periodista fue encausado por la vía penal, mientras que a otro reportero crítico con el ministro de justicia solo se le abrió el procedimiento previsto en el marco de autorregulación de la Ley de Prensa y Edición. El 72% de los ciudadanos cree que las prácticas fraudulentas están muy extendidas en Marruecos, según una encuesta elaborada por la Instancia Nacional de Probidad, Prevención y Lucha contra la Corrupción, un organismo público cuyos informes se trasladan a ONG como Transparencia Internacional.
Desde el Parlamento también ha lanzado una batería de acusaciones el Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), la fuerza política islamista que dirigió el Gobierno marroquí entre 2011 y 2021. Su líder, el ex primer ministro Abdelilá Benkirán, ha exigido la destitución de un “gobernante que ha mentido en un documento sometido a la Administración fiscal”. El dirigente islamista es uno de los mayores adversarios del ministro de Justicia, a quien responsabiliza de impulsar una reforma del Código de Familia que, según el PJD, va en contra de los valores religiosos.
De acuerdo con las estimaciones del portal de investigación Le Desk, Uahbi debería haber abonado al fisco más de 40.000 euros por la operación inmobiliaria frente a los 1.600 liquidados, sin contar el incremento de los gastos notariales y otras tasas. “Estas maniobras [de ingeniería fiscal] plantean un problema ético a las personalidades políticas y generan malestar entre la sociedad civil”, señala Le Desk, que se interroga sobre si se va a abrir finalmente una investigación tributaria de oficio sobre el caso.
Servicios de inteligencia
El escándalo sobre las operaciones inmobiliarias del ministro de Justicia, ampliamente aireado por la prensa marroquí, coincide con la publicación de inéditas informaciones en medios locales sobre Mehdi Hijaouy, ex alto cargo de los servicios de inteligencia, después de que el diario Le Monde diera cuenta de su situación a través de sus abogados franceses. Hijaouy, quien durante dos décadas perteneció a la Dirección General de Estudios y Documentación (espionaje exterior), abandonó el país magrebí y pasó por varios países, entre ellos España, antes de refugiarse en un país europeo. Según medios marroquíes como el sitio digital marroquí Barlamane (Parlamento, en árabe), con fuentes y conexiones en el aparato de seguridad de Marruecos, las autoridades de Rabat han solicitado a través de Interpol su detención y entrega para ser juzgado por los delitos de falsificación y estafa. De acuerdo con la información de Le Monde, el exagente de los servicios de inteligencia destacó en Marruecos por haber salido hace tres años en defensa de los hermanos Azaitar, alemanes de origen marroquí vinculados a las artes marciales y entonces próximos al rey Mohamed VI. Una parte de la prensa más oficialista lanzó en aquel momento una campaña de acusaciones contra los supuestos privilegios que los Azaitar gozaban por su cercanía al soberano de la dinastía alauí.
