Un grupo de juristas internacionales va a presentar este jueves un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la Comisión Europea y el Consejo de la UE por “inacción grave y prolongada ante las violaciones del derecho internacional en los territorios palestinos ocupados”. Es la primera vez que las instituciones europeas son llevadas ante la justicia por no actuar ante vulneraciones del derecho internacional. A pesar de que Bruselas ya ha constatado formalmente que Israel ha violado los derechos humanos con su ofensiva militar en Gaza, los Veintisiete no han adoptado hasta el momento ninguna medida sancionadora contra el Gobierno de Benjamín Netanyahu.
El recurso por omisión (el que pretende demostrar que las instituciones evitan actuar pese a tener la obligación de hacerlo) será presentado por la asociación Juristas por el Respeto al Derecho Internacional (Jurdi), una organización con sede en Francia creada hace un año por abogados, jueces, profesores y asesores jurídicos para “promover el respeto y la aplicación del derecho internacional en el contexto del conflicto palestino-israelí”. Los expertos legales reclamaron por carta el 12 de mayo a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al Consejo de la UE “medidas concretas” ante la catastrófica situación de la población palestina.
Dos meses después, cumplido el plazo previsto para este tipo de procedimientos, consideran que la falta de acciones contundentes de Bruselas ante lo que califican de un “riesgo probado de genocidio en Gaza” constituye un acto de “complicidad pasiva”.
“Cuando las instituciones saben y pueden hacer, y no hacen nada, eso se llama complicidad pasiva. Esperamos que el TJUE pueda hacer respetar el derecho y nada más que el derecho”, ha dicho el presidente de Jurdi, Patrick Zahnd, en un comunicado remitido a este diario.
Según los expertos, la Comisión, “pese a estar facultada para actuar sola, permaneció pasiva” frente a las actuaciones de Israel. Y esa inacción “compromete la responsabilidad jurídica de las instituciones europeas” ya que, afirman, con ello se han “despreciado” cuatro principios fundamentales del derecho internacional aplicables a la UE: la obligación de prevención del genocidio a partir del umbral de “riesgo plausible”; el deber de “poner fin a los obstáculos a la autodeterminación del pueblo palestino”; la prohibición de reconocer o asistir a una situación ilícita, como una ocupación prolongada y, finalmente, la obligación de “hacer respetar el derecho internacional humanitario”.
Con su recurso por omisión, la organización pide al TJUE que “constate formalmente este incumplimiento y ordene a las instituciones de la Unión que suspendan su cooperación con Israel, adopten sanciones específicas y respeten su deber de prevención”.
En su escrito de mayo, la asociación señalaba tanto a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, como al Consejo de la UE “por haber incumplido la Comisión Europea su obligación de actuar ante el riesgo probado de genocidio en Gaza, reconocido por el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) y, más en general, ante hechos susceptibles de constituir crímenes de lesa humanidad y violaciones graves del derecho internacional humanitario, en particular por dirigidos intencionadamente contra la población civil”.
En su misiva, los juristas advertían ya de su intención de llevar a la Comisión ante el TJUE si, en dos meses, que es el plazo legal establecido por los tratados para este tipo de acciones, no se pronunciaba por escrito o realizaba “medidas concretas”.
Los especialistas en derecho internacional, en su mayoría franceses y belgas, reclamaban, entre otros, que Von der Leyen adoptara una “postura pública e inequívoca sobre la obligación de prevenir el genocidio”. También pedían que se suspenda “sin dilaciones” el Acuerdo de Asociación con Israel y se apliquen “todas las medidas diplomáticas, económicas o jurídicas apropiadas”, incluidas sanciones a miembros del gabinete de Netanyahu y el propio primer ministro israelí.
Estas opciones, entre otras, están sobre la mesa de las capitales europeas desde la semana pasada, cuando la alta representante para Política Exterior, Kaja Kallas, distribuyó entre los Estados miembros una lista de 10 posibles acciones contra Israel tras haberse constatado formalmente por parte del servicio jurídico de la UE que el Estado judío ha violado las cláusulas sobre derechos humanos estipuladas en el artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Israel, el principal instrumento de intercambios políticos y comerciales bilaterales desde su entrada en vigor en 2000.
Sin embargo, los ministros de Exteriores, reunidos con este propósito en Bruselas el martes, no fueron capaces de consensuar ninguna medida, en buena parte por la reticencia de varios países a actuar contra Israel ahora que acaba de firmarse un acuerdo con la UE para incrementar el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, bloqueado desde hace más de cuatro meses.
“Pese a las cartas de emplazamiento y la avalancha de pruebas que documentan un genocidio en marcha en Gaza, no se ha adoptado ninguna suspensión de los acuerdos de cooperación, ninguna medida restrictiva ni se ha realizado ninguna auditoría de emergencia”, constata Jurdi en su comunicado. Tampoco se ha hecho gesto alguno para “interrumpir el flujo de financiación y transferencia de tecnologías militares, en violación directa del derecho internacional y del derecho europeo”, agregan los juristas, que apuestan ahora por la justicia europea para que fuerce a Bruselas a actuar de una vez.
