Si la retirada precipitada de las tropas británicas de Afganistán, en 2021, fue un “desastre” y una “traición”, según concluyó una investigación parlamentaria, el oprobio causado fue aún mayor. Miles de ciudadanos afganos han sido trasladados en secreto en los últimos años al Reino Unido para evitar que los talibanes tomaran represalias contra ellos, después de que el error de un miembro del Ministerio de Defensa provocara la filtración del listado con todas las personas que habían reclamado ser evacuadas de aquel país, según se ha conocido este martes.
El anterior Gobierno conservador logró una “superorden cautelar” (superinjuction, en el término inglés) de un juez, una medida extraordinaria y con pocos precedentes, para prohibir incluso la mera mención de la existencia de la lista, después de que uno de los receptores de la filtración amenazara con difundir parte de su contenido en Facebook y alertara a las autoridades militares.
En febrero de 2022, un soldado distribuyó por error a un correo múltiple el listado de unos 18.700 afganos, según la cifra admitida por el Ministerio de Defensa británico, y la información salió de los canales oficiales autorizados. Contenía los nombres de todos aquellos que habían solicitado acogerse al Programa de Asistencia y Recolocación de Afganos (ARAP scheme, en su definición oficial) y a su predecesor, el EGS (Ex Gratia Scheme), por el que se ofreció la posibilidad de asilo al personal que había trabajado en Afganistán para el ejército británico. Al menos parte del listado apareció públicamente el 14 de agosto de 2023 y puso en aviso al Gobierno, que solicitó la superorden cautelar.
Nueve meses después, se puso en marcha un nuevo programa secreto de relocalización para proteger a todos los afectados. Al menos 4.500 de ellos han sido ya trasladados al Reino Unido. La filtración contenía los nombres, los detalles de contacto y los datos familiares de muchas personas que podrían haber sufrido las represalias de los talibanes en el hipotético caso de que el listado hubiera acabado en manos de la fuerza que hoy controla de manera absoluta cualquier movimiento en Afganistán.
“Pedimos nuestras más sinceras disculpas por este incidente. Lamentablemente, los datos personales no fueron protegidos bajo los estándares del Gobierno del Reino Unido. En la actualidad, no hay pruebas que sugieran que el listado haya sido usado o visto por personas susceptibles de explotar esta información, pero el Gobierno no puede descartar esta posibilidad”, ha admitido en un comunicado oficial el Ministerio de Defensa.
Solo la decisión este martes del juez Martin Chamberlain, del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, que ha anulado la superorden cautelar, ha permitido finalmente que salieran a la luz los detalles más relevantes del fiasco, sin poner en peligro la vida de los afectados. El Gobierno británico estima que al menos 600 soldados afganos y 1.800 de sus familiares que aparecían en la lista siguen en aquel país. Aunque el actual Ejecutivo laborista ha ordenado la conclusión del programa secreto, las ofertas de evacuación enviadas a todos aquellos que han sido expuestos a un riesgo vital permanecerán vigentes.
“Es profundamente cuestionable que decisiones que afectan a la vida y a la seguridad de miles de seres humanos, y que suponen el gasto miles de millones de libras de dinero público, sean adoptadas de modo que permanezcan completamente aisladas del debate público”, ha recriminado el juez Chamberlain en su decisión.
Según ha admitido el Gobierno británico, el programa secreto ha costado hasta la fecha unos 400 millones de libras (unos 460 millones de euros, o 535 millones de dólares). La previsión señala que será necesaria una cifra similar para llevar a cabo las evacuaciones pendientes.
El Ministerio de Defensa se ha negado a especificar el número de personas que han podido ser arrestadas o incluso asesinadas en Afganistán como consecuencia de su inclusión en la lista. Pero después de efectuar una revisión integral del incidente, las autoridades militares han concluido que las cifras iniciales estimadas en un principio, que señalaban hasta 100.000 posibles víctimas potenciales, eran mucho menores.
Al menos 900 de los afectados se han coordinado para presentar en breve una demanda contra el Gobierno británico que podría acarrear indemnizaciones de hasta 250 millones de libras (unos 288 millones de euros, o 334 millones de dólares). Erin Alcock, uno de los abogados de la firma Leigh Day que ha estado trabajando con cientos de los solicitantes del programa de acogida ARAP, ha definido lo ocurrido como “un fallo gubernamental catastrófico”.
Muchas personas, tanto en la vecina Pakistán como en el Reino Unido, que recibieron por accidente el listado retienen aún, en teoría, esa información.
El actual Gobierno laborista asumió la responsabilidad del trágico error, y la ministra de Economía, Rachel Reeves, dio su autorización para reservar varios miles de millones de libras ante la posibilidad de tener que seguir evacuando al Reino Unido a miles de afganos amenazados.
