Los aplausos que resonaron en el ala izquierda de la Eurocámara cuando la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, abogó por cumplir los objetivos climáticos e impulsar la transición verde como motor imprescindible de la economía europea se apagaron en cuanto la socialdemócrata empezó a hablar de inmigración. Ahí se encendió la bancada más ultra, hasta el punto de que la gobernante danesa, cuyo país ha asumido este mes la presidencia de turno de la UE, tuvo que pararlos y decirles que aplaudían demasiado pronto su programa.
La escena de la semana pasada en el pleno en Estrasburgo muestra la paradoja de un Gobierno progresista en la mayoría de las políticas que deberá impulsar como árbitro de los Veintisiete el próximo semestre, pero que en materia migratoria promete reforzar en Europa una estrategia más estricta aún que la actual. Aunque para ello tenga que usar un argumentario a menudo más alineado con el discurso de la derecha más extrema que con la familia socialdemócrata a la que pertenece. En este tema, Frederiksen se coordina abiertamente con la primera ministra italiana, la ultra Giorgia Meloni, y recibe los aplausos encendidos de partidos de extrema derecha como el español Vox o el alemán AfD.
“La gente que viene de fuera y que comete crímenes graves y no respeta nuestros valores y modo de vida no tiene sitio en Europa y debería ser expulsada”, sostiene Frederiksen. Su ministro para Inmigración e Integración, Kaare Dybvad Bek, va incluso más allá: “La experiencia en los países escandinavos es que los inmigrantes procedentes de Oriente Próximo y el norte de África son muy difíciles de integrar, especialmente las mujeres” y eso es algo que “también debería reflejarse en las políticas” migratorias, dijo durante un reciente encuentro con periodistas en Copenhague.
El Gobierno danés asegura que las cifras de criminalidad entre migrantes son más altas que la media del país. “Especialmente entre hombres de Oriente Próximo”, especifica Bek. No parece preocuparle demasiado que, al criminalizar a toda una comunidad por unos casos que no dejan de ser aislados (como también reconoce el ministro), asume parte de la estrategia de partidos de ultraderecha. Narrativas que formaciones como Vox están llevando al extremo, con demandas de expulsión masiva de millones de inmigrantes y discursos que están incendiando poblaciones, como se ve estos días en la localidad murciana de Torre Pacheco.
“No tiene ni idea de cuánto tiempo llevamos los conservadores esperando escuchar esas palabras de un líder socialista”, dijo, tras escuchar el discurso de Frederiksen, Nicola Procaccini, vicepresidente del grupo parlamentario europeo ECR, con partidos como el de Meloni o el ultraconservador polaco Ley y Justicia (PiS). “Todos estos años, usar las mismas palabras que usted acaba de utilizar nos llevó a ser insultados, burlados y enfrentados por la izquierda en este Parlamento”, agregó el italiano tras la presentación parlamentaria de la danesa. Esta es una política “en la buena dirección”, apoyó el francés Paul Garraud, del Reagrupamiento Nacional (RN).
Campos de deportación
La política migratoria europea no ha dejado de endurecerse en los últimos años. Y aunque ni siquiera ha entrado aún en vigor el ya de por sí estricto Pacto de Asilo y Migración (lo hará totalmente en junio de 2026) que tanto costó negociar, ya se plantea la posibilidad de ir más lejos. Sobre la mesa está crear campos de deportación para demandantes de asilo o de migrantes rechazados (eufemísticamente llamados centros de retorno) en terceros países “seguros”, concepto recientemente revisado por la Comisión para hacer más fácil este proceso. Fuentes al tanto de las negociaciones lamentan que con estas prisas ni siquiera se está dejando opción a ver si el pacto migratorio funciona o no.
El Gobierno danés fue pionero a la hora de explorar este tipo de “soluciones innovadoras” en países como Ruanda y se declara admirador de la iniciativa lanzada por Italia en Albania. Según su visión, la estrategia europea no va lo suficientemente lejos ni rápido. La coalición socialdemócrata-liberal de Frederiksen promete buscar activamente, durante los seis meses que arbitrará la política comunitaria, más soluciones “nuevas e innovadoras” contra la inmigración irregular, que califica de “amenaza a la cohesión social y la seguridad” europeas. Pese a todo, los defensores de externalizar el problema migratorio reconozcan que aún no tienen ni siquiera una lista de terceros países dispuestos a asumir esta tarea. Tampoco desvelan cuál será el coste —seguramente altísimo— de estos operativos.
Dinamarca lidera (también junto a Italia) una iniciativa con otros siete países para pedir más autonomía a nivel nacional para expulsar a inmigrantes que hayan cometido delitos. Pide “examinar cómo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha desarrollado su interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos” y acusa a los jueces de Estrasburgo de tener un enfoque “muy activista”.
El Ejecutivo danés, que logró hacer retroceder a la extrema derecha de su país y recuperar votos de clase obrera, defiende su “enfoque realista de la migración” en aras, afirma, de defender el Estado del bienestar para sus ciudadanos: “Es precisamente porque soy una socialdemócrata que creo y lucho por una política migratoria dura. Porque la gente que paga el precio de los altos niveles de criminalidad e inseguridad en las ciudades europeas a las que ha contribuido esta migración descontrolada es la más vulnerable”, se defendió Frederiksen después de escuchar entusiastas halagos a su estrategia de eurodiputados ultras como el alemán Marc Jongen, de AfD, que la calificó de “un modelo para toda Europa”, mientras las bancadas progresistas callaban, incómodas.
A sus críticos por la izquierda, Copenhague les reta a proponer soluciones alternativas, cosa que, considera, no ha sucedido hasta el momento. Mientras, subraya que “el ambiente político ha cambiado” y que cada vez más países “apoyan una política de nuevas soluciones innovadoras sobre inmigración irregular”.
Que Copenhague no está sola en su apuesta por la mano dura migratoria quedó claro durante el último Consejo Europeo, a finales de junio. Justo antes de la reunión formal de líderes en Bruselas, Meloni y Frederiksen celebraron, como ya es tradición, un desayuno de trabajo con los mandatarios afines a endurecer la política migratoria a la que también asistió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Este encuentro comenzó reuniendo a apenas un puñado de países y ahora suma ya a más de la mitad de los Estados de la UE: Italia, Dinamarca y Países Bajos, que han liderado estos encuentros, así como Austria, Bélgica, Chipre, Grecia, Letonia, Malta, Polonia, República Checa, Suecia, Hungría y, por primera vez, Alemania. Con los interesados en la idea, aunque aún no participen activamente, suman ya 21 Estados miembros, según diversas fuentes diplomáticas. “Se está cambiando la forma de pensar sobre inmigración en Europa”, proclamó el primer ministro polaco, Donald Tusk, antes de pasarle el testigo de la presidencia rotatoria a Frederiksen.
“Juntos estamos avanzando en la UE hacia unas normas de asilo nuevas y más estrictas”, celebró el canciller alemán, el democristiano Friedrich Merz, al recibir a Frederiksen en junio en Berlín. Alemania impone desde finales de 2024 controles fronterizos a pesar de estar en el espacio Schengen, medida que han replicado otros vecinos como Polonia.
Merz también autorizó las devoluciones en caliente en la frontera de solicitantes de asilo (una decisión frenada por la justicia) y acaba de proponer que se deje de sufragar servicios de defensa legal financiados por el Estado a los amenazados por expulsión, informa Almudena de Cabo.
Francia ha firmado un acuerdo bilateral de devolución de migrantes irregulares con el Reino Unido, mientras Grecia quiere suspender durante tres meses las solicitudes de asilo a migrantes del norte de África que lleguen por mar a las costas griegas. Una política que ya implementan, en las fronteras con Bielorrusia y Rusia, Polonia o Finlandia. Todo ello, mientras Bruselas calla.
