Recuerda Phil Reilly que, con 300 soldados en tierra, Estados Unidos logró derrotar a los talibanes. Él fue uno de los primeros agentes de la CIA que puso un pie en Afganistán tras el 11-S. “Los aplastamos en 45 días”, relata en el documental Cacería implacable: Osama Bin Laden. La operación de la agencia de inteligencia fue confidencial. Más de dos décadas después, el que fuera jefe de la agencia de espionaje en Kabul sigue trabajando entre bambalinas. Reilly es uno de los artífices de los planes de gestión privada tanto de la ayuda humanitaria a Gaza, ejecutada hoy por contratistas estadounidenses, como de la futura reconstrucción de la Franja, en ruinas tras más de un año y medio de asedio israelí. Proyectos trabajados en secreto, criticados por la comunidad internacional, con innumerables tropiezos y en el primer caso de una efectividad cuestionada tras la muerte de más de 600 civiles palestinos en los repartos de alimentos.
Reilly es una pieza muy relevante, aunque no la única, del rompecabezas errático que forma el intento de Estados Unidos e Israel de gobernar la gestión del horror en Gaza. A principios de junio, la publicación Middle East Eye, con sede en Londres, informó de que Reilly comenzó a hablar con Israel sobre el reparto de ayuda en la Franja ya a principios de 2024, tan solo unos meses después de que el ejército israelí iniciase su ofensiva para aniquilar a Hamás como represalia a la muerte de 1.200 personas a manos de la milicia palestina. Entre otras tareas, el exagente de la CIA trabajaba por entonces como asesor de Boston Consulting Group (BCG), un gigante internacional de la consultoría con casi 60 años de experiencia.
La firma, con oficinas en Madrid y Barcelona, salpicada en el pasado por el pago de sobornos en Angola para la obtención de contratos, ha admitido que dos de sus socios iniciaron el pasado octubre los trabajos para ayudar a poner en marcha “una organización de ayuda destinada a operar” en la Franja. Pero lo hicieron ocultando información sobre la “naturaleza” del proyecto. Ninguno de estos dos, según confirma BCG a EL PAÍS, era Reilly, que tan solo constaba como asesor sénior. Los socios implicados son Matt Schlueter y Ryan Ordway.
Ambos fueron expulsados de la consultora. Reilly, que se empleaba en el diseño de modelos de entrega de ayuda a través de empresas privadas y fundaciones para Orbis Operations (propiedad de la firma de capital privado McNally Capital), sirvió de enlace. Según el relato de Middle East Eye, Orbis contactó con la consultora en nombre del think tank israelí Tachlith Institute.
Ayuda vía contratistas
El pasado mayo, el gabinete de seguridad israelí dio luz verde a un nuevo mecanismo de entrega de ayuda a los gazatíes al margen de Naciones Unidas. A finales de ese mismo mes, la organización Gaza Humanitarian Foundation (GHF), administrada por contratistas estadounidenses, iniciaba sus trabajos en la Franja. Al frente de GHF se situó la empresa Safe Reach Solutions (SRS), registrada el pasado noviembre en Wyoming por Reilly. Poco después, el exagente de la CIA abandonó BCG, según la información facilitada por la consultora.
“Estamos actuando con urgencia y seriedad para aprender de esto y garantizar que no vuelva a suceder”, dijo BCG en una nota el pasado 7 de junio para desmarcarse del trabajo realizado por Schlueter y Ordway en los cimientos de GHF. El plan maestro de este nuevo mecanismo privado ideado entre Israel y Estados Unidos fue aireado a principios de mayo. Algunos de los que aparecieron en los papeles ni siquiera habían sido informados previamente. Otros, como el primer director ejecutivo de la organización, Jake Wood, dejaron el barco antes de que zarpara.
GHF se registró en Delaware (EE UU) y en Ginebra (Suiza). Las autoridades suizas disolvieron a principios de julio la pata ginebrina ante la falta de actividad en el territorio. El documento filtrado a la prensa con el primer bosquejo de actividades de la organización preveía utilizar Suiza para atraer donaciones fuera del circuito estadounidense. No tuvo éxito.
En la actualidad, GHF opera bajo el liderazgo sobre el papel del empresario y reverendo evangélico Johnnie Moore, asesor del presidente estadounidense, Donald Trump. Moore, fundador de la empresa de relaciones públicas Kairos Company, mantiene un estrecho vínculo tanto con la comunidad judía como con el Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu. En una comparecencia en Bruselas el pasado día 2, Moore culpó a Hamás de los muertos en las colas de los puntos de distribución de comida y denunció el desvío de ayuda, generalmente gestionada por agencias de la ONU, no solo en Gaza, sino también en otras crisis humanitarias. Esto último sin dar nombres.
BCG insiste en que los dos socios contratados para idear, tanto el modelo de reparto de alimentos como futuros planes de reconstrucción de la Franja, contravinieron el rechazo expreso del jefe ejecutivo de la consultora, Christoph Schweizer. “Desautorizamos completamente este trabajo. BCG no recibió remuneración alguna”, sostiene la empresa. No obstante, investigaciones de diarios como el británico Financial Times o el norteamericano The Washington Post mantienen que sí hubo pagos a la consultora por sus servicios.
Financial Times, en un artículo fechado del pasado día 6, afirma, además, que empresarios israelíes utilizaron modelos de financiación desarrollados por BCG para la elaboración del conocido como proyecto Gaza Riviera, un plan para la fase de posguerra enfocado en hacer de la Franja un centro atractivo para el comercio y la inversión internacionales. Entre los empresarios citados están Liran Tancman y Michael Eisenberg, dos nombres que aparecieron precisamente en el primer organigrama de la organización de reparto de ayuda GHF.
En estos trabajos participó el think tank Tony Blair Institute. De nuevo, el intermediario entre los hombres de negocios israelíes y el centro de análisis fundado por el ex primer ministro británico fue el estadounidense Reilly. Este pasado miércoles, el líder del Comité de Negocios y Comercio británico, Liam Byrne, envió una carta a Schweizer, máximo responsable de BCG, para pedir información sobre la implicación de la consultora en los planes para Gaza, incluido el posible traslado de gazatíes del territorio. “Describa”, pide en la misiva el diputado laborista, “la naturaleza y el alcance de cualquier trabajo realizado por BCG en relación con la posible reubicación de los palestinos de Gaza”. “¿Participó alguna organización con sede en el Reino Unido, incluidas empresas, ONG, académicos o grupos de expertos?”, prosigue Byrne.
