Más de 40 eurodiputados exigieron este jueves ante la Comisión Europea que se lleve a cabo una investigación independiente acerca de las transferencias de datos personales que Frontex, la agencia europea de vigilancia de fronteras, realizó de manera ilícita a Europol, contribuyendo a la criminalización de migrantes llegados a Europa y de defensores de derechos humanos.
La petición, recogida en una carta firmada por 41 representantes de los grupos La Izquierda, Los Verdes, S&D (socialdemócratas) y Renew (liberales), responde a la “profunda preocupación” suscitada tras la publicación de una investigación periodística de Le Monde, Solomon y EL PAÍS el pasado lunes que reveló que Frontex había compartido ilegalmente con Europol los datos personales de más de 13.000 personas entre 2016 y 2023.
Estrella Galán, eurodiputada de Sumar, ha explicado a EL PAÍS que los firmantes quieren promover que se celebre una audiencia en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo (LIBE) con Frontex, Europol, el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) y la propia Comisión Europea acerca de PeDRA, el programa de vigilancia de Frontex con el que se transfieren datos a Europol.
En el texto, los eurodiputados recuerdan que las infracciones desveladas por esta investigación van más allá de las identificadas anteriormente por el Defensor del Pueblo Europeo en diciembre de 2023, pero la cuestión no recibió suficiente atención hasta ahora porque, según Galán, en el Parlamento no eran “suficientemente conscientes del alcance e impacto” que estaban teniendo estas prácticas ilícitas. “Cuando Frontex y Europol afirmaron en la audiencia en LIBE, en noviembre de 2022, que no se habían realizado transferencias de datos personales automáticas, sino ‘caso por caso’, se les creyó. Ahora esta investigación revela que mintieron y por eso es necesario actuar”, enfatiza Galán.
En enero de 2025, el SEPD, el organismo de control de la privacidad de la UE, emitió una reprimenda formal a Frontex. En referencia a las conclusiones que obtuvo este organismo tras su auditoría, la carta de los eurodiputados destaca que Frontex no garantizó el cumplimiento de principios fundamentales de protección de datos, como la necesidad, la proporcionalidad, la limitación de la finalidad y la exactitud; no proporcionó una base jurídica válida para la transferencia automática de dichos datos a Europol y no demostró que los migrantes entrevistados hubieran dado su consentimiento libre e informado, especialmente teniendo en cuenta el contexto de coacción y vulnerabilidad en las fronteras de la UE.
Frontex suspendió las transferencias automáticas en 2023, pero sigue compartiendo informes con Europol “caso por caso”.
Mientras tanto, Europol se niega a confirmar si los datos transmitidos ilegalmente siguen almacenados en sus sistemas, si se han utilizado en investigaciones en curso o si se han transmitido a las autoridades nacionales, critica la carta. Los expertos advierten de que estas prácticas corren el riesgo de criminalizar a personas inocentes y se basan en supuestos discriminatorios sobre la migración y la delincuencia.
Supresión inmediata de datos
Los eurodiputados exigen ahora que Frontex y Europol cumplan íntegramente las decisiones del SEPD, y también piden la supresión inmediata de los datos recogidos ilegalmente y el cese total de toda forma de transmisión. Asimismo, exigen que se inicie una investigación independiente sobre el uso de estos datos en procedimientos penales contra migrantes y activistas en los Estados miembros de la UE y en terceros países que reciben esa información de Frontex o Europol.
En tercer lugar, reclaman que se garantice que cualquier financiación o mandato operativo de Frontex se supedite al cumplimiento de las normas de la UE en materia de protección de datos y derechos fundamentales.
La cuarta petición es que se introduzcan salvaguardias en la nueva directiva que penaliza la facilitación de la migración irregular, —que está previsto que se someta a votación definitiva en el Parlamento Europeo después del verano— a fin de garantizar que no se criminalice a las personas sobre una información obtenida de forma ilícita.
La carta de los eurodiputados advierte de que el contexto general es alarmante, dada esta creciente criminalización de los migrantes. Cada año, las organizaciones que monitorizan estas detenciones registran cientos de casos. Para los eurodiputados, esta evolución “puede estar directamente relacionada con el uso indebido de datos obtenidos ilegalmente”.
Si las explicaciones no aseguran el cumplimiento de las recomendaciones —incluyendo la reparación a las víctimas y la implementación de salvaguardas para evitar la repetición de estos hechos—, los firmantes valoran dirigirse directamente a los consejos de Administración tanto de Frontex como de Europol, e imponer una queja ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). “Fue precisamente la presión del Consejo de Administración de Frontex, en respuesta a denuncias sobre devoluciones ilegales en el Mediterráneo y otras violaciones de los derechos fundamentales, lo que finalmente llevó a la salida de Fabrice Leggeri como director ejecutivo de la Agencia en abril de 2022”, recuerda Galán.
Los eurodiputados que firman la carta consideran que estas revelaciones apuntan a un fallo sistémico en la gobernanza de las agencias fronterizas y policiales de la UE. “Plantean preocupaciones graves y creíbles sobre violaciones de la Carta de los Derechos Fundamentales, incluidos los derechos a la intimidad, la protección de datos, la no discriminación, la presunción de inocencia y el recurso judicial efectivo”, critican. .
Miles de datos
La investigación conjunta reveló que Frontex recopiló y transmitió datos personales de miles de personas, consideradas presuntos “sospechosos”, a través de las denominadas entrevistas de debriefing. Estas son realizadas por agentes de Frontex a los migrantes inmediatamente después de ser rescatados o interceptados en las fronteras exteriores de Europa. Deben ser voluntarias y, aunque está permitido recopilar esa información, no se debe recoger “sistemáticamente” datos sobre “sospechosos” de delitos transfronterizos.
Sin embargo, Frontex recabó sistemáticamente información personal, perfiles en redes sociales y referencias a presuntas actividades de tráfico ilícito. Posteriormente, esa información se ha utilizado en investigaciones y procedimientos penales sobre tráfico de personas dirigidos tanto a migrantes como a quienes les prestan asistencia humanitaria.
La Oficina de Derechos Fundamentales de Frontex (FRO) advirtió en marzo de 2025 que los datos personales obtenidos de los migrantes mediante los debriefing siguen utilizándose en investigaciones penales, y señaló que se siguen realizando registros de los teléfonos de los migrantes sin garantías.
De las 32 recomendaciones emitidas por el SEPD en 2023 para armonizar las prácticas de interrogatorio de Frontex con la legislación de la UE, solo se han cumplido 17, según el SEPD. “El SEPD está realizando un seguimiento exhaustivo de las recomendaciones pendientes y está analizando ahora sus conclusiones para preparar una evaluación preliminar”, declaró un portavoz de este organismo a EL PAÍS.
