Un juez del Estado demócrata de New Hampshire suspendió temporalmente la aplicación del decreto con el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trató de acabar en su primer día de vuelta en el poder la aplicación del derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento de los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos.
El magistrado lo hizo admitiendo una demanda colectiva del Sindicato Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU son sus siglas en inglés), lo que le permitió sortear la sentencia con la que hace casi tres semanas el Tribunal Supremo dio una considerable victoria a Trump en un caso relacionado con esa decisión ejecutiva. El fallo limitaba el poder de los jueces federales, unos 700 repartidos por todo el país, para oponerse a los decretos presidenciales, ampliaba las opciones de Trump de avanzar con su agenda autoritaria y ponía en duda la separación de poderes.
El 27 de junio, pocas horas después de conocerse la sentencia del Supremo, la ACLU corrió a aprovechar una rendija que dejaba ese fallo, que cambiaba las reglas del juego al resolver que las suspensiones cautelares de una decisión del presidente solo pueden aplicarse a aquellos que hubieran puesto la demanda, y no, como hasta ahora, en todo el país.
La opinión mayoritaria de la sentencia del Supremo —que se resolvió con seis votos a favor, de los magistrados conservadores, y tres en contra, los de las liberales— la escribió Amy Coney Barrett, una de los tres jueces nombrados por Trump. El texto dejaba tres opciones para conseguir suspensiones de alcance nacional: convertir las demandas en colectivas, como ha pasado ahora en New Hampshire; circunscribir esas medidas al Estado en el que se impugnan las decisiones ejecutivas; o que los afectados recurran a la Ley de Procedimiento Administrativo, que autoriza a los tribunales inferiores a anular decisiones de ciertas agencias federales si las consideran arbitrarias.
Antecedentes famosos
La parte de la demanda colectiva es la que entró en escena este jueves. Es lo que en el ordenamiento estadounidense se conoce como una class action lawsuit y tiene antecedentes tan famosos (y cinematográficos) como el caso en el que las tabaqueras fueron condenadas en 1998 a una indemnización de por vida a todos los Estados de la Unión, o la de la abogada Erin Brokovich, que defendió los derechos de los consumidores en un caso de contaminación del suministro de agua en California.
Buscar un juez afín
El juez de New Hampshire se llama Joseph Laplante y fue designado por un presidente republicano: George Bush hijo. Y eso desmonta parte del argumento de Trump: que los demandantes buscan magistrados demócratas (en un país en el que estos son cargos independientes, aunque políticos) en busca de una cierta simpatía para su causa. Es otra práctica inequívocamente estadounidense. Se conoce como court shopping, y se puede traducir por “ir de compras en busca de un juez”, en concreto, el que más convenga a las aspiraciones de los demandantes, para que luego, si ese magistrado está en territorio republicano —pongamos, Lubbock (Texas)— o demócrata —por ejemplo, Chicago (Illinois)—, su decisión tenga efecto en los 50 Estados.
La sentencia del Supremo dio 30 días de plazo para su entrada en vigor, precisamente para permitir una demanda colectiva como la que se acaba de admitir a trámite. El alto tribunal no descarta aceptar para el curso que viene un caso en el que pueda entrar en el fondo del asunto de la ciudadanía por nacimiento.
La ciudadanía por nacimiento es un derecho reconocido por la Decimocuarta Enmienda desde 1868. Se promulgó tres años después del final de la Guerra de Secesión para garantizar la igualdad a las personas esclavizadas y su descendencia, y desde 1898 —tras la sentencia histórica Estados Unidos contra Wong Kim Ark, un inmigrante asiático— otorga la nacionalidad, solo por haber nacido en suelo estadounidense, a los hijos de indocumentados. Para Trump, acabar con ese derecho sería un gran triunfo en su cruzada contra la migración.
De ahí que, al conocerse la sentencia del Supremo, el presidente de Estados Unidos convocara una conferencia de prensa de urgencia en la Casa Blanca para celebrar el trascendental fallo del alto tribunal, conocido una hora antes. Supone, dijo a los reporteros apiñados en la sala de prensa, “una victoria monumental para la Constitución, la separación de poderes y el Estado de derecho”. El republicano también prometió que su Administración seguirá “luchando” para acabar con la ciudadanía por nacimiento para los hijos de los inmigrantes en situación irregular.
