Cuando el presidente de Estado Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles aranceles del 50% a todas las importaciones de Brasil, incluyó entre sus argumentos su indignación con el juicio contra su aliado brasileño, el expresidente Jair Bolsonaro, y con las órdenes del Tribunal Supremo de cerrar cuentas en redes sociales por desinformar o incitar al odio. El magnate republicano considera que el líder de la derecha brasileña y de la oposición, de 70 años, es víctima de “una caza de brujas”.
Estas son las claves de los procesos judiciales que Trump usa para imponer a Brasil más gravámenes que a cualquier otro país, aunque la balanza comercial arroja un saldo positivo para Washington, de 28.000 millones de dólares en 2024.
La acusación
La denuncia presentada por el fiscal general contra Bolsonaro en febrero pasado acusa al expresidente y militar retirado de liderar el intento de perpetrar un golpe de Estado para aferrarse al poder, tras perder las elecciones en 2022, e impedir que el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva gobernara.
Bolsonaro es juzgado por intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, pertenencia a una organización criminal armada, daño al patrimonio y deterioro de patrimonio protegido. Los cinco delitos le pueden suponer una pena total de 43 años de cárcel.
El complot
La asonada no prosperó, según la denuncia, por la negativa de la cúpula de las Fuerzas Armadas a sumarse. El complot golpista culminó, sin embargo, en el asalto al las sedes del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial en enero de 2023. El plan golpista contemplaba asesinar a Lula, a su vicepresidente, Geraldo Alckmin, y al juez que instruye el caso, Alexandre de Moraes, del Supremo.
A principios de 2023, Moraes ordenó la retirada del pasaporte a Bolsonaro para impedir una hipotética fuga. Por eso, el llamado Trump de los trópicos no pudo viajar a Washington para asistir a la toma de posesión del Trump original.
El líder de extrema derecha brasileña está inhabilitado para presentarse a las elecciones hasta 2030 por una condena previa, por abuso de poder. El clan Bolsonaro confía en la presión de Trump o en una ley de amnistía para disputar los comicios en 2026.
El juicio
Hace un mes, Bolsonaro se sentó en el banquillo de los acusados para ser interrogado por el magistrado Moraes, el hombre más odiado por el bolsonarismo. El exmandatario se declaró inocente de los delitos que pesan sobre él. Sí admitió que se reunió con los jefes de las Fuerzas Armadas en busca de indicios de fraude electoral, que no encontraron, y que contemplaron algunas opciones: “Discutimos posibilidades, alternativas, sin salir de las cuatro líneas de la Constitución, pero abandonamos cualquier posibilidad de una acción constitucional y afrontamos el ocaso de nuestro Gobierno”.
El juicio ya está en la fase de alegaciones finales y los cinco jueces de la sala primera del Supremo esperan dictar sentencia en septiembre. Tienen prisa para que el fallo no interfiera en la campaña electoral de las presidenciales de octubre de 2026.
Bolsonaro, que arrastra problemas de salud, está durante este mes de julio de reposo absoluto por orden médica.
Los militares cómplices
Junto al expresidente, se sientan en banquillo tres generales de la reserva que integraron el núcleo duro del Gobierno, los entonces jefes de la Armada y del servicio secreto, el ministro de Justicia de la época y el delator, también uniformado. Es la primera vez en la historia que unos militares brasileños rinden cuentas ante la justicia civil por intentar derrocar un Gobierno legítimo.
Más de 600 bolsonaristas de la tropa, los que invadieron las instituciones, han sido condenados a duras penas con afán disuasorio. Otros huyeron a Argentina.
El delator
El principal testimonio contra Bolsonaro es la confesión del teniente coronel Mauro Cid, que fue su secretario particular durante la presidencia y ejerció de correveidile con el resto de los implicados para urdir los planes golpistas. El militar alcanzó un acuerdo con la Fiscalía a cambio de una reducción de condena.
Moraes, el juez instructor
Aunque en su carta Trump no lo menciona, al juez Alexandre de Moraes, de 56 años, es uno de los personajes centrales en este conflicto entre Estados Unidos y Brasil. El juez instruye el caso contra Bolsonaro y, en el marco de varios casos de desinformación e incitación al odio, ha ordenado a las grandes tecnológicas que cerraran centenares de cuentas de internautas bolsonaristas, algunos de los cuales están en EE UU. Las autoridades estadounidenses le acusan de censura. En su misiva, Trump le acusó de dictar fallos “SECRETOS e ILEGALES”.
“Si Goebbels estuviera vivo y tuviera cuenta en X, estaríamos condenados”, declaró Moraes en abril a la revista The New Yorker. “Los nazis habrían conquistado el mundo”.
El togado está en la mira del bolsonarismo desde que en 2019 abrió una investigación contra las milicias digitales que sembraban odio y desinformación en redes sociales. De ahí pasaron a las amenazas directas a los jueces.
Abogado, Moraes empezó su carrera como fiscal, fue secretario de Seguridad en el Estado de São Paulo y ministro de Justicia antes de incorporarse al Supremo hace casi una década.
Saltó a la fama internacional en 2024 cuando cerró durante un mes X en Brasil —uno de los mayores mercados del antiguo Twitter— después de que su dueño, Elon Musk, se negara a obedecer órdenes judiciales. La red fue reactivada después de que Musk pagara cinco millones de dólares de multa.
El resto del Tribunal Supremo suele arropar a Moraes en sus decisiones más controvertidas frente a los ataques de los sectores más conservadores.
Grandes tecnológicas y “populismo digital extremista”
El magistrado Moraes ha emprendido una batalla judicial contra lo que califica como “el populismo digital extremista”, un mal que corroe las democracias contemporáneas y que, sostiene, dio tracción al impulso golpista de extrema derecha en Brasil.
Probablemente, Trump se refiere a esa cruzada cuando ataca a la justicia de Brasil por, dice, cercenar libertad de expresión.
A finales de junio, el Supremo decidió, por ocho votos contra tres, que “las redes sociales serán responsabilizadas por los mensajes delictivos y ofensivos publicados por sus usuarios”. El tribunal entendió que la norma vigente hasta ahora, que requería una orden judicial para retirar los post, era insuficiente.
Presión de EE UU contra el juez
El propio Trump, a través de su empresa Trump media, y la Administración de EE UU ya habían tomado o anunciado medidas de presión contra Moraes. La compañía mediática del presidente y la red Rumble lo demandaron por censura al día siguiente de que Bolsonaro fuera denunciado. Y el secretario de Estado, Marco Rubio, mencionó poco después la alta probabilidad de que el magistrado brasileño sea sancionado por EE UU. Por el momento no ha ocurrido.
