El Gobierno de Sudán del Sur, uno de los países más inestables y pobres de África, ha confirmado este miércoles la llegada el pasado sábado de ocho migrantes expulsados de territorio estadounidense por la Administración de Donald Trump y que, previamente, habían permanecido retenidos desde finales de mayo en una base militar de Washington en otro país africano, Yibuti. De esos ocho migrantes, todos hombres, solo uno es sursudanés. El resto son de países lejanos, de Asia y América Latina, y carecen de vínculo alguno con Sudán del Sur. Dos de los deportados son cubanos y un tercero, mexicano.
Los ocho hombres se encuentran ahora bajo la “supervisión” de las autoridades sursudanesas, según un comunicado del Ministerio de Exteriores del país, que ha atribuido su decisión de aceptar a estos migrantes a “un gesto de buena voluntad” hacia Estados Unidos.
El comunicado informa de que esas personas están siendo sometidas a “un proceso de selección, en conformidad con la legislación nacional y las normas internacionales”. Además de los dos cubanos y del mexicano, entre los deportados hay nacionales de Laos, Myanmar, Vietnam y el único sursudanés. Sus abogados en Estados Unidos han asegurado que su traslado forzoso a Sudán del Sur podría violar la octava enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe los tratos crueles y degradantes.
Los migrantes han sido finalmente deportados a la nación africana después de que el pasado jueves, el Tribunal Supremo de Estados Unidos diera luz verde para su traslado desde la base militar Camp Lemonnier, en Yibuti, donde llevaban semanas retenidos. Los ocho hombres fueron confinados allí después de que un juez federal asegurara que, con este caso, la Administración Trump había violado una orden emitida por su tribunal, que bloqueaba la expulsión de migrantes hacia terceros países sin previo aviso ni oportunidad de que defendieran sus derechos.
“Las acciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en este caso violaron incuestionablemente la orden de este tribunal”, había dicho el juez Brian Murphy, del Distrito de Massachusetts, después de que un avión despegara desde Texas el 20 de mayo con los migrantes a bordo.
“Fue imposible que estas personas tuvieran una oportunidad significativa para objetar su traslado a Sudán del Sur”, señaló el magistrado, en alusión al plazo de solo 17 horas que tuvieron los detenidos antes de abordar el vuelo. Según documentos judiciales, el Gobierno tampoco les permitió acceso a abogados ni a un proceso para alegar temor creíble de tortura o persecución, como exige la ley de Estados Unidos.
Sin embargo, el pasado jueves, el Supremo estadounidense permitió finalmente que los migrantes fueran enviados a Sudán del Sur, el Estado más joven del mundo y uno de los más pobres y violentos.
El 23 de junio pasado, el Alto Tribunal había respondido ya afirmativamente a una solicitud que realizó el presidente Trump en mayo, en la que pedía autorización para deportar a personas indocumentadas hacia países distintos al suyo. La decisión de la corte al respecto fue suspender la orden del juez Murphy.
Luego, el Departamento de Justicia solicitó que el Supremo aclarara si dicha decisión también era de aplicación en el caso de los ocho inmigrantes varados en Yibuti, pues el juez Murphy había dictaminado que, a pesar de que su orden original había quedado sin efecto, todavía continuaba vigente su fallo sobre los migrantes, que había impedido su expulsión directa a Sudán del Sur, razón por la que fueron confinados en la base de Yibuti en espera de la decisión de la Justicia de Estados Unidos.
La respuesta del Supremo a la petición del Departamento de Justicia fue ordenar al magistrado Murphy que dejara de aplicar cualquier medida que impidiera este tipo de deportaciones, incluida la orden que había emitido el 21 de mayo, que protegía a los ocho migrantes recluidos en Yibuti. Esa respuesta eliminó los obstáculos para su traslado a Sudán del Sur, el propósito original de la Administración de Trump.
El Gobierno de EE UU ha descrito a estos ocho hombres como delincuentes y divulgado sus antecedentes penales por delitos violentos. Según Washington, los países de origen de seis de ellos se habían negado a aceptar su repatriación, por lo que Washington buscó lo que llama una “tercera nación segura” para expulsarlos.
Sudán del Sur se independizó del también convulso Sudán en 2011, pero esa independencia no le trajo ni la paz ni un mínimo de prosperidad. Ocupa el puesto 193 de los 193 países incluidos en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU y está sumido en la violencia armada, los desplazamientos masivos de población y en lo que Naciones Unidos ha definido como una de las peores crisis humanitarias del planeta. La ONU incluso se ha visto forzada a arrojar comida desde aviones para alimentar a la población sursudanesa.
El caso de esos ocho hombres no es un incidente aislado. En casos anteriores, otros jueces federales de Estados Unidos han acusado también a la Administración Trump de tergiversar o incluso desobedecer órdenes judiciales. En Washington, el juez James Boasberg inició una investigación similar por la deportación de otro migrante bajo circunstancias parecidas. En Boston, el juez Murphy también ordenó al Gobierno facilitar el regreso de un migrante guatemalteco gay enviado a México, pese a haber denunciado que allí fue secuestrado y violado.
La decisión del Supremo estadounidense de permitir la deportación a Sudán del Sur de estos ocho hombres podría abrir la puerta a que la Administración de Trump continúe con deportaciones aceleradas a terceros países sin ofrecer a los migrantes las garantías legales que recoge la propia Constitución de Estados Unidos.
