La Sala de Cuestiones Preliminares II del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha dictado este martes órdenes de detención contra Haibatulá Ajundzadá, líder supremo de los talibanes, y también contra Abdul Hakim Haqqani, presidente del Tribunal Supremo de Afganistán. Los jueces del TPI consideran que hay motivos fundados para creer que ambos sujetos han cometido el crimen contra la humanidad de persecución por motivos de género contra niñas y mujeres. También señalan por el mismo delito, pero por razones políticas, a otras personas que no se ajustan a sus directrices en este terreno. La Fiscalía del tribunal había solicitado estos arrestos el pasado enero.
Los talibanes ejercen la autoridad en Afganistán desde el 15 de agosto de 2021, y los crímenes han continuado al menos hasta el 20 de enero de 2025, según el TPI. La Sala de Cuestiones Preliminares II se encarga de decidir el procedimiento a seguir antes de un juicio, ya sea emitir órdenes de detención o bien la confirmación de cargos. En este caso, sus miembros han determinado que los talibanes han aplicado una política oficial que ha resultado en “graves violaciones de los derechos y libertades fundamentales de la población civil en Afganistán”, según explican en un comunicado.
Las conductas señaladas son asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y desaparición forzada. Y, si bien los gobernantes afganos han impuesto normas y prohibiciones a la población en su conjunto, “han atacado específicamente a las niñas y las mujeres por motivos de género privándolas de derechos y libertades fundamentales”, subraya el tribunal. En particular, les han quitado el derecho a la educación, la intimidad y la vida familiar, “así como la libre circulación, expresión, pensamiento, conciencia y religión”. Por otro lado, otras personas fueron objetos de ataques “porque ciertas expresiones de la sexualidad, y/o la identidad de género se consideraban incompatibles con la política talibán de género”.
Para emitir las órdenes, la Sala ha tenido en cuenta el artículo 7 del Estatuto de Roma, texto vertebral del TPI, que recoge el objetivo amplio de proteger a la población civil de violaciones graves y sistemáticas de los derechos fundamentales. En este contexto, se ha considerado que las niñas y las mujeres “se ven a menudo afectadas de manera desproporcionada” por este tipo de persecución. En el caso del género, los jueces señalan que no solo abarca los actos directos de violencia, sino también formas “sistémicas e institucionalizadas de daño, incluida la imposición de normas sociales discriminatorias”. Cuando se percibe que hay personas opuestas a estas políticas, se las tiene por “aliadas de las niñas y mujeres, y opositores políticos”.
En enero, el fiscal jefe del TPI, Karim Khan, pidió al TPI que dictara órdenes de arresto contra Ajundzadá y Haqqani. Adujo entonces que la interpretación talibán de la sharía (la ley religiosa islámica) “no debe ni puede utilizarse para justificar la privación de derechos humanos fundamentales ni la comisión de crímenes conexos contemplados por el Estatuto de Roma”. En su escrito a los jueces, subrayó que “tanto las mujeres y las niñas, como la comunidad LGBTQI+, se enfrentan a una persecución sin precedentes, inadmisible y continua”.
En agosto pasado, los gobernantes afganos ratificaron una ley de moralidad que borra a las mujeres de la esfera pública. Las afganas tienen prohibido estudiar a partir de los 12 años y trabajar en la administración, las fuerzas de seguridad, los bancos, las ONG y Naciones Unidas. Tampoco pueden obtener un pasaporte o viajar sin la compañía de un pariente varón. Antes ya no podían ir al parque ni al gimnasio ni a la peluquería ni a los baños públicos.
Khan se ha apartado temporalmente de su puesto hasta que se resuelva la investigación llevada a cabo por el tribunal sobre su supuesta conducta impropia con una colega. En su ausencia, los demás fiscales del TPI se ocupan de los casos en marcha.
