Durante la madrugada del martes, agentes de la policía turca irrumpieron en decenas de domicilios para llevarse detenidos a 120 personas relacionadas con el Ayuntamiento de Esmirna, la tercera mayor ciudad del país. A primeras horas de este pasado sábado, otras 13 personas vinculadas a los ayuntamientos de Antalya, Adana y Adiyaman, fueron arrestadas, incluidos sus alcaldes. Estas imágenes se han convertido en habituales en la última década en Turquía, a medida que el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, reforzaba su autoritarismo. Pero, si anteriormente el objetivo eran periodista, sindicalistas, activistas de izquierda y, sobre todo, políticos relacionados con el movimiento nacionalista kurdo, desde hace unos meses, el objetivo ha cambiado: son, mayormente, personas vinculadas al Partido Republicano del Pueblo (CHP), la formación socialdemócrata que lidera la oposición.
“Pretenden acallar a todo político, a todo periodista efectivo. El que alza la voz es detenido”, dijo el alcalde de Adana, Zeydan Karalar, el sábado, sobre una ola represiva que está acorralando a su partido.
Esto ocurre en un momento en que, por primera vez en décadas, las encuestas sitúan al CHP, el partido más antiguo del país ―creado en 1923 por el fundador de la Turquía moderna, Mustafa Kemal Atatürk―, con una intención de voto superior al de la formación islamista de Erdogan, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), que gobierna desde 2002.
“¿Tiene que despertarse este país cada mañana ante nuevas ilegalidades, nuevas operaciones [policiales], nuevas conspiraciones? ¿No nos permitiréis nunca hablar sobre la agenda real del país, sobre los problemas del pueblo?”, criticó desde su cuenta en X el ya exalcalde de Estambul Ekrem Imamoglu, detenido y encarcelado desde el 19 de marzo, solo unos días antes de que fuese elegido candidato presidencial de los socialdemócratas en unas multitudinarias primarias abiertas.
Los últimos detenidos están acusados de corrupción y manipulación de licitaciones, pero el CHP considera que son procesos “políticos” sin base legal y que la Justicia actúa contra el partido a instancias del Gobierno.
Imamoglu se enfrenta a una miríada de juicios, que van desde acusaciones por corrupción a colaboración con grupo terrorista o por llamar “bobos” a los encargados de la Junta Electoral, imputaciones que implican penas de inhabilitación política. Además, se ha cancelado su título universitario, lo que le imposibilita a presentarse a las elecciones presidenciales, cuando las encuestas indican que podría recibir más votos que el propio Erdogan.
Desde la captura de Imamoglu, 230 personas relacionadas con el Ayuntamiento Metropolitano de Estambul han sido detenidas, de las cuales más de un centenar están en prisión preventiva. Y en total hay 14 alcaldes del CHP en prisión, lo que ha provocado que, por primera vez desde la Junta Militar de los años ochenta, haya más regidores en activo del CHP en prisión que de los nacionalistas kurdos.
La detención de Imamoglu ha provocado la mayor ola de protestas de la última década en Turquía y, aunque las manifestaciones han remitido desde abril, el CHP sigue llevando a cabo dos multitudinarios mítines por semana, uno en Estambul y otro en otras provincias, en muchos casos en lugares que hasta ahora habían sido bastión electoral de los islamistas. En estas manifestaciones han sido detenidas más de 2.000 personas, de las que más de la mitad se enfrentan a juicio.
“Estamos ejerciendo nuestro derecho a la resistencia contra un golpe de Estado. Porque la resistencia está inscrita en el ADN de esta nación. Siempre ha habido opresores en la historia, y también los habrá en el futuro. Pero también hay resistencia. Quienes vencen han sido siempre los que son capaces de resistir”, dijo el líder del CHP, Özgür Özel, en un encuentro con simpatizantes.
Al mismo tiempo que arrecian los ataques contra el CHP, el partido prokurdo DEM está siendo rehabilitado tanto en la prensa progubernamental (donde en los últimos diez años no aparecía si no era bajo la acusación de apoyar el terrorismo) como en los contactos con Erdogan, en paralelo a las negociaciones para el desarme del grupo armado kurdo PKK. Recientemente, una dirigente del DEM confirmó a este periodista que, aunque su formación no se fía de las maniobras de Erdogan, está dispuesta a negociar con él la posibilidad de que vuelva a presentarse a las elecciones (la Constitución turca prohíbe más de dos mandatos presidenciales).
La oposición perfecta
Según escribe el politólogo Selim Koru, autor del libro The New Turkey and the Far Right, “la intención del régimen de Erdogan es moldear la oposición”, y ha pasado de hacerlo de forma sutil a “mucho más visible”.
Durante años, el CHP ha sido la oposición perfecta para Erdogan. Dirigido por líderes de avanzada edad, con un discurso elitista y centrado en la cuestión del laicismo, su apoyo se circunscribía a las provincias de la costa del mar Egeo y del Mediterráneo (menos religiosas que el interior, el este y el norte) y, a nivel nacional, nunca obtenía más del 25% de los votos, mientras el AKP de Erdogan cosechaba entre el 40% y el 50%. Pero la situación comenzó a cambiar hace seis años, con unas elecciones municipales en las que nuevos rostros se hicieron con las alcaldías de Estambul y Ankara, las principales ciudades del país, tras cinco lustros de gobierno municipal islamista.
Las presidenciales de 2023 fueron una decepción para los simpatizantes de la oposición socialdemócrata, ya que el entonces líder del CHP, Kemal Kiliçdaroglu, de 76 años, insistió en ser él quien se enfrentase a Erdogan en lugar de los alcaldes de Estambul o Ankara, más populares, pese a que no había ganado una sola cita con las urnas desde que en 2010 tomó las riendas del partido de manos de Deniz Baykal, otro septuagenario que solo dejó su sillón después de que unos vídeos de contenido sexual lo forzasen a ello.
La derrota de las presidenciales abrió una profunda crisis en el CHP, sobre todo porque Kiliçdaroglu se negó a aceptar responsabilidades e insistió en seguir al frente del partido. Sin embargo, el entonces jefe del grupo parlamentario, Özgür Özel, con el apoyo de Imamoglu, se hizo con las riendas del CHP en un Congreso muy reñido.
La llegada de Özel dio nueva energía a las bases del partido, con un discurso muy combativo contra el Gobierno en todos los frentes (del económico al cultural). En apenas unos meses logró lo impensable: ganarle unas elecciones a Erdogan. Fueron las municipales de marzo de 2024, en las que el CHP salió victorioso por primera vez desde 1977 y amplió su poder municipal a numerosas localidades de la Anatolia interior.
Ahora, el nuevo liderazgo del CHP peligra porque la Fiscalía ha aceptado las demandas de algunos de los exdirigentes que perdieron el Congreso y ha abierto un juicio que deberá decidir si anula la elección de Özel y reinstaura a la dirección de Kiliçdaroglu o impone una gestora externa. El antiguo líder del CHP ha dejado claro que retornará al frente del partido si la Justicia así lo dicta, pese a las numerosas peticiones de Özel e Imamoglu de que no le haga el juego al Gobierno.
No pasa un día sin que la prensa progubernamental publique artículos en los que asegura que, durante el Congreso del CHP, se compró a los delegados con dinero o en clubes de alterne, y eleva a Kiliçdaroglu a la estatura de hombre de Estado, cuando hace no mucho se dedicaban día y noche a vilipendiarlo. A la vez, Özel también se enfrenta a juicios y en los próximos días se votará en el Parlamento ―controlado por el partido de Erdogan y sus aliados― una moción para retirarle la inmunidad.
Erdogan ha definido esta situación de “guerra civil dentro del CHP”, al que ha calificado como un partido “de ladrones”. Mientras, su socio de Gobierno, el líder ultraderechista Devlet Bahçeli, ha considerado que el próximo septiembre ―cuando está prevista la sentencia judicial sobre el Congreso de la formación― es una “oportunidad para un nuevo comienzo” del CHP, dando por sentado cuál será la decisión del tribunal.
“En este tipo de regímenes autoritarios competitivos, los adversarios son cada vez menos y ahora le ha tocado el turno al CHP. El objetivo del Gobierno es acudir a unas elecciones en que no haya alternativa, igual que ocurre en Rusia”, sostiene el politólogo Emre Toros, en declaraciones a este periódico.
En la misma línea y hablando de la detención de Imamoglu, el diputado del partido izquierdista TIP Ahmet Sik dijo recientemente que “en Turquía se ha terminado la época en que los gobiernos cambian mediante elecciones”. Otros analistas son menos drásticos y recuerdan el apego de los turcos por las urnas y cómo, tras cada golpe de Estado o periodo dictatorial, han apoyado a los partidos más alejados del poder.
“El pueblo turco ama las urnas. Quiere que el poder dependa de ellos. Incluso si ponen a su padre al frente, quiere tener la opción de quitarlo de ahí. No es algo nuevo. Si observas la historia de este país, verás que este pueblo ha estrangulado a sus propios sultanes cuando no le gustaban”, dijo el periodista Fatih Altayli a finales de junio en su popular canal de YouTube. Al cabo de unos días, fue arrestado.
