El Tribunal Supremo clausuró el viernes pasado un curso judicial victorioso para Donald Trump del mismo modo que lo hizo con el anterior en julio de 2024: dando más poder al presidente, y con él, a la institución que el republicano representa.
Si entonces sus nueve magistrados decidieron ampliar la inmunidad de Trump en el desempeño de su cargo —concretamente, en las decisiones que tomó en los meses que condujeron al asalto al Capitolio—, algo que allanó su camino de vuelta a la Casa Blanca, hace unos días, recortaron el poder de los jueces federales para oponerse a la agenda de un Ejecutivo en plena expansión. Ya no podrán dictar suspensiones cautelares que paren los efectos de las órdenes de Trump en todo el país mientras los tribunales decidan, un tiempo que puede prolongarse durante meses o años.
Ambas sentencias se resolvieron del mismo modo: con seis votos a favor, los de los jueces conservadores del Supremo, y tres en contra, los de las liberales. Una de las últimas cosas que hizo Trump antes de perder las elecciones de 2020 frente a Joe Biden fue nombrar a la carrera a la sustituta de la jueza progresista Ruth Bader Ginsburg, fallecida en septiembre. Eso desequilibró la composición del alto tribunal y permitió al republicano dejar una huella que se sentirá durante décadas, dado que los cargos del Supremo son vitalicios.
Además de esa última designada, Amy Coney Barrett, que fue la que firmó el fallo que acaba con el poder de los jueces inferiores de oponerse a la agenda presidencial, Trump logró colocar a otros dos magistrados: Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh. Gracias a esa inflación de nombramientos en un solo mandato, el Supremo tiene una supermayoría conservadora inédita desde los años treinta.
El curso que ahora termina era el primero de este tribunal con Trump en la Casa Blanca, y la labor de sus magistrados se ha visto definida tanto por ese hecho como por la impaciencia del presidente de Estados Unidos, al que han concedido un triunfo tras otro en asuntos planteados de urgencia por su Administración; entre ellos, el que estudiaba si los jueces federales se habían excedido en sus poderes al parar la aplicación de un decreto firmado en el primer día de Trump en el Despacho Oval. Con él, el presidente pretendía poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento de los hijos de inmigrantes indocumentados.
El Supremo no entró en el fondo del asunto (la constitucionalidad de atacar un derecho reconocido por la Decimocuarta Enmienda), pero sí emitió un fallo de enorme calado, que, según Paul Collins, profesor de Derecho de la Universidad de Massachusetts y experto en la politización del alto tribunal, “altera el equilibrio de poderes en la democracia estadounidense”.
Gobernar a golpe de decreto
En total, la Administración de Trump ha pedido en sus primeros cinco meses que el Supremo actúe de urgencia 19 veces, las mismas que lo hizo la de Biden en cuatro años. Eso se explica porque el actual presidente está batiendo récords de gobernar a golpe de poder ejecutivo: ha firmado 165 decretos, 45 memorandos y 70 proclamaciones presidenciales. También, porque la principal resistencia a su agresiva agenda ha estado hasta ahora en los tribunales inferiores, que han admitido a trámite más de 300 demandas contra la Administración de Trump en este tiempo.
Esas 19 resoluciones del Supremo han servido para revertir suspensiones cautelares de medidas que despojan a los inmigrantes de sus derechos o que permiten deportarlos sin la intervención judicial o a terceros países, como Sudán; que autorizan al ejército a expulsar a militares trans; o que desprotegen a los funcionarios frente a esa motosierra del gasto público llamada Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).
Las resoluciones de emergencia no gozan de buena fama entre los juristas: sus críticos se refieren a ellas como “expedientes en la sombra” (shadow dockets). Suelen implicar escasa deliberación y a menudo no incorporan argumentación o vienen sin firmar. Son, en teoría, temporales (no siempre en la práctica). Este curso han crecido exponencialmente (de las 44 del año pasado a las 113 de este).
Los “expedientes de mérito” (merit dockets) son los casos estudiados sin prisa (46 esta temporada que ahora acaba). Acostumbran a estar previstos desde el principio. Se discuten en una vista oral en la sede del Supremo en Washington y esta deja paso a un debate de meses en el que los magistrados tienen tiempo para escribir sus opiniones, mayoritarias y particulares. En esos expedientes, el Supremo ha confirmado este año su decisión de ahondar en la revolución conservadora que se inició con la entrada de Barrett en 2020 y que tuvo su ejemplo más sonado en la derogación del derecho al aborto a nivel federal dos años después.
Lo han hecho con sentencias como la que permite a los padres vetar en los colegios de sus hijos libros de temáticas LGTBIQ+ (un fallo que se resolvió el pasado viernes con un 6-3), la que autoriza a los Estados exigir la verificación de edad para el acceso al porno (también el viernes, 6-3) o la que les permite a los Estados vetar los tratamientos de género a los menores trans (la semana pasada y, de nuevo, 6-3).
Pese al enfrentamiento ideológico evidente en el seno del Supremo, también ha habido casos decididos por unanimidad. Tres ejemplos: el que rechaza la demanda de México a los fabricantes de armas en Estados Unidos por enriquecerse con el tráfico ilegal; aquel en el que dieron el permiso de seguir litigando a una mujer blanca heterosexual que se sintió discriminada en su trabajo frente a dos personas homosexuales; o uno en el que avalaron la prohibición de TikTok en Estados Unidos (no sirvió de nada; Trump permitió a la compañía china seguir operando hasta hoy).
El viernes pasado, último día del curso, empezaron las largas vacaciones de los magistrados, que no tienen que volver al trabajo hasta octubre. Será otro curso trascendental, el quinto con supermayoría conservadora. Pam Bondi, fiscal general, aventuró en una conferencia de prensa el viernes pasado que será también el año en el que el Supremo decida sobre el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
Si Bondi está en lo cierto, se tratará, sin duda, de uno de los casos más sonados. Entre los que ya están previstos para 2025-2026 hay otros dos que también darán que hablar. En uno, el Supremo podría cambiar las reglas de la financiación electoral y acabar con ciertos topes al dinero que entra en las campañas, una vieja aspiración republicana. La participación de mujeres trans en el deporte femenino será otro de esos polémicos asuntos que protagonizarán el curso.
El alto tribunal tiene tres peticiones en torno a ese controvertido asunto. Y esa “podría ser la escaramuza en la guerra cultural [que se vive en Estados Unidos] de mayor perfil desde el caso” que tumbó el aborto, según escribe el abogado John Elwood en la web SCOTUSblog. Después de todo, es otra de las obsesiones de Trump. Las apuestas sobre si esta vez el Supremo le dará una nueva victoria están abiertas.
