Keir Starmer ha preferido tener un roto presupuestario antes que un roto político que podría haber sido irreparable. Cuarenta y ocho horas después de restar importancia a la rebelión de más de 100 diputados laboristas, el primer ministro ha decidido dar marcha atrás en sus recortes sociales, para evitar la que podría haber sido su crisis más grave desde que alcanzó el poder hace un año.
Las concesiones anunciadas en las últimas horas por Downing Street respetan las ayudas a la discapacidad y por baja de enfermedad de las personas que hasta ahora las recibían, aunque se mantiene el endurecimiento de las condiciones para los reclamantes futuros de estas prestaciones.
Si la ministra de Economía Rachel Reeves aseguró, al presentar su previsión de gasto de primavera el pasado marzo, que con la nueva ley de reforma del Estado del bienestar iban a poder ahorrarse casi 6.000 millones de euros, la marcha atrás anunciada en la madrugada de este viernes supone un agujero presupuestario de 3.500 millones de euros. Sumado al coste de otra rectificación de Starmer (la supresión de la anulación de las subvenciones universales a los pensionistas de los recibos de gas y electricidad), la factura total extraordinaria supone casi 5.000 millones de euros, y resucita el fantasma de una subida de impuestos.
A cambio, Starmer respira tranquilo y evita, al parecer, una rebelión que le habría puesto al borde de una cuestión de confianza la semana que viene.
La diputada laborista Meg Hillier, presidenta de la Comisión parlamentaria del Tesoro, había presentado hace días, en un movimiento que pilló por sorpresa a Downing Street, una “enmienda razonada” a la ley del Gobierno en la que se reclamaba una pausa, un retraso en la tramitación legislativa, para realizar una evaluación adecuada de los recortes propuestos, que podían afectar a casi cuatro millones de británicos.
Más de un centenar de diputados (las cifras aún bailan, entre la indecisión y el secretismo; algunos señalan que llegan a los 130) se sumaron desesperadamente a la moción de Hillier. Suponían más de un 25% de los 403 escaños del Partido Laborista en la Cámara de los Comunes. Toda una amenaza para la estabilidad del Gobierno de Starmer.
A no ser que Hillier, que ha expresado su agrado ante las rectificaciones propuestas, retire la enmienda, será igualmente sometida a votación este martes. Y todavía hay muchos diputados laboristas recelosos que quieren cambios de mayor calado en unas medidas que espantaron a los votantes de izquierda británicos.
Descontento popular
Las recientes elecciones municipales de mayo, en las que salieron derrotados igual de estrepitosamente laboristas y conservadores, demostraron con claridad el descontento del electorado con la política social de Starmer. Aunque el primer ministro definió el pasado miércoles la rebelión como un simple “ruido de fondo”, y aseguró que seguía siendo perfectamente capaz de leer el ánimo de los ciudadanos, se puso de inmediato al teléfono, junto a sus ministros, para llamar a los rebeldes e intentar convencerles de que frenaran su motín.
El precio a pagar ha sido una enésima rectificación y marcha atrás del Gobierno laborista, que ha visto reducida drásticamente su popularidad en los últimos meses, a la vez que se situaba por delante, en las encuestas, la derecha populista de Reform UK, el partido de Nigel Farage.
La respuesta de Starmer ante este desafío ha sido endurecer su discurso en materia de defensa, inmigración o ayudas sociales. Y muchos de sus diputados han comenzado a mostrar las primeras señales de descontento.
