Japón ha ejecutado este viernes a uno de los asesinos en serie más siniestros de los últimos tiempos. Takahiro Shiraishi, de 34 años, apodado el asesino de Twitter, ha sido colgado en la horca tras ser condenado por matar, descuartizar y almacenar en 2017 los cadáveres de sus nueve víctimas en su apartamento de Zama, ciudad situada en el suroeste de Tokio. Había contactado con ellas por redes sociales, tal y como confesó en 2020, durante el juicio, en el que reconoció los cargos. Se trata de la primera aplicación de la pena capital en el país asiático desde 2022.
“La sentencia de muerte se ejecutó tras un juicio exhaustivo. A la luz de los hechos expuestos, he ordenado la ejecución tras la máxima consideración”, ha asegurado el ministro de Justicia, Keisuke Suzuki, en la comparecencia donde ha anunciado el ahorcamiento.
“La pena de muerte es un castigo extremadamente grave que priva de la vida a una persona, por lo que, por supuesto, debemos abordarla con cautela”, ha añadido. “Este caso ha causado gran conmoción y ansiedad en la sociedad, con nueve víctimas y valiosas vidas humanas arrebatadas en un período de dos meses por el egoísta propósito de satisfacer las propias necesidades sexuales y económicas”.
El caso despertó una ola de incredulidad y estupor en Japón en 2017. En el espacio de dos meses, Shiraishi contactó a través de la red social Twitter, ahora conocida como X, con sus víctimas, que tenían tendencias suicidas. Él usaba un perfil cuyo nombre podría traducirse de forma vaga como “verdugo”, según recoge el medio público nipón NHK.
Ocho de las nueve asesinadas eran mujeres. Tras publicar en redes sociales que deseaban morir, él logró atraerlas a su apartamento, donde abusó sexualmente de ellas, antes de quitarles la vida, descuartizarlas y quedarse con su dinero. La novena víctima fue la pareja de una de las asesinadas, quien se puso en contacto con Shiraishi después de que esta desapareciera. Todas las víctimas tenían entre 15 y 26 años.
La Policía Metropolitana de Tokio detuvo al asesino en 2017 siguiendo la pista de una de las mujeres hasta el apartamento del culpable, donde encontraron los cadáveres de nueve personas.
Durante el juicio, celebrado en 2020, Shiraishi admitió los cargos, aunque su abogado argumentó que estos deberían circunscribirse al homicidio con consentimiento (con una pena inferior), al considerar que “las víctimas habían consentido” ser asesinadas. Pero el propio testimonio del acusado, quien contó que sus víctimas se resistieron al estrangulamiento, desmontó la argumentación, a lo que se unía el robo de dinero y la agresión sexual.
Tras ser condenado a muerte en primera instancia, su abogado recurrió la sentencia, pero el condenado retiró la apelación. “No me importa la pena de muerte, solo quiero terminar con esto cuanto antes y vivir en paz”, había declarado.
La pena de muerte, siempre un asunto delicado y divisivo en las sociedades democráticas, se encuentra bajo la lupa en Japón después de la exoneración el año pasado de Iwao Hakamada, de 89 años: fue declarado inocente de un asesinato múltiple después de 45 años en el corredor de la muerte, el tiempo más largo pasado a la espera de ser ejecutado por ningún preso en el mundo, según Amnistía Internacional. Hakamada abandonó la prisión con sus facultades psíquicas destrozadas.
A pesar del llamamiento de expertos y ONG para acabar con la pena máxima, una encuesta del Gobierno japonés realizada en 2024 mostraba que el 80% de la población apoya un sistema que consideran “inevitable”, según la agencia Kyodo.
El ministro Suzuki ha defendido en la comparecencia que en la actualidad se siguen produciendo delitos violentos y ha señalado que hay una opinión pública favorable a la pena máxima para quienes cometen esos crímenes extremadamente graves. “Creemos que no es apropiado abolir la pena de muerte”, ha zanjado.
El padre de una de las víctimas, que tenía 17 años y cursaba el último año de secundaria en la ciudad de Fukushima cuando fue asesinada, ha expresado sus reservas sobre la ejecución: “Nada ha cambiado”, ha dicho, subrayando que sería mejor que el asesino hubiera tenido tiempo par reflexionar sobre su crimen mientras vivía.
Japón es, junto a Estados Unidos, el único país del G-7 (el grupo de las democracias más industrializadas), que sigue aplicando la pena máxima. Tras la ejecución de este viernes, el número de presos condenados a muerte en el país es de 105; 49 de ellos buscan un nuevo juicio o una repetición del mismo, según el recuento de la agencia Efe.
Diversas organizaciones han denunciado la dureza del método de ejecución: los presos desconocen la fecha señalada, y cada mañana se despiertan sin saber si esa será la última para ellos.
Antes de Shiraishi, Tomohiro Kato, de 39 años, fue el último en ser ejecutado, en julio de 2022. Había sido condenado por un atentado perpetrado en 2008 en el distrito tokiota de Akihabara, en el que murieron siete personas y otras diez resultaron heridas.
Según la organización Amnistía Internacional, que reclama a Japón la abolición de la pena de muerte, un total de 15 países llevaron a cabo ejecuciones en 2024.
