“Estoy a favor de la libre portación de armas, definitivamente”, decía Javier Milei antes de ser presidente. Aunque durante la campaña electoral y después de ser electo moderó su discurso, las medidas de su Gobierno avanzan hacia la desregulación de la tenencia de armas de fuego en manos civiles. Ya bajó la edad de acceso, facilitó los trámites para tener armas y ahora, mediante un nuevo decreto, derogó la prohibición vigente de adquirir y utilizar armas semiautomáticas de alto calibre, como fusiles, carabinas o subametralladoras. “Es una medida muy peligrosa y no trae ningún beneficio social”, alertan en la Red Argentina para el Desarme.
El decreto 397/25, firmado por Javier Milei y publicitado este miércoles, establece “un régimen de autorización especial para los actos de adquisición y tenencia de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon”, “derivadas de armas de uso militar de calibre superior al .22 LR”. El régimen especial aún debe ser desarrollado por el organismo que tendrá a cargo su aplicación, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).
En las armas semiautomáticas, la recarga es ejecutada por el propio dispositivo después de disparar: cada presión del gatillo equivale a un tiro. Se diferencian de las armas de repetición, en las que la recarga es manual, y de las automáticas, en las que se pueden realizar múltiples disparos al mantener presionado el gatillo.
La medida de Milei termina con una prohibición que en Argentina regía desde 1995, cuando se limitó a las fuerzas militares y de seguridad la compra y la tenencia del armamento semiautomático de alto calibre. Para tomar esta decisión, el decreto de Milei ofrece tres razones. Primero: “que habiendo transcurrido más de 30 años […] resulta necesario reevaluar los mecanismos” de control. Segundo: que la prohibición generó que las armas ya existentes hace tres décadas “no pudieran transferirse” tras la muerte de sus poseedores, “lo que ha facilitado las condiciones de irregularidad en las que se encuentran sus sucesores”. Y tercero: “que resulta necesario atender la posibilidad del empleo de los mencionados materiales controlados en actividades deportivas u otras finalidades lícitas”.
“Es una decisión muy peligrosa y no trae ningún beneficio social. ¿Para qué necesita la sociedad argentina que circulen este tipo de armas?”, advierte Julián Alfie, miembro de la Red Argentina para el Desarme. El experto señala que “la principal fuente de armas para el mercado ilegal son los desvíos desde el mercado legal” y “si se inyectan en el mercado legal más armas y más letales, se va a habilitar un mayor desvío”. Además, destaca que se trata de armas “con alto nivel de daño y que son costosas”, por lo que “van a terminar beneficiando a las grandes organizaciones criminales”.
En Argentina, donde viven 46 millones de personas, hay cerca de un millón de usuarios de armas registrados, con 1,7 millones de armas autorizadas. Se estima que las armas no registradas duplican esa cantidad.
En el tema de las armas, el discurso de Milei siempre estuvo en sintonía con el de otros líderes de la ultraderecha global. Si bien en la campaña proselitista de 2023 atenuó sus expresiones en favor de la libre portación de armamento, la plataforma de su partido, La Libertad Avanza, proponía “la desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía”. Altos funcionarios de su Gobierno se han mostrado en redes sociales practicando tiro o han posado con rifles y pistolas.
El decreto 397/25 se inserta en una serie más amplia de medidas. En diciembre pasado, también por decreto, el presidente redujo la edad mínima para poder ser usuario de armas: el requisito pasó de los 21 a los 18 años. Hace apenas algunas semanas, el Gobierno anunció la digitalización del trámite para acceder al permiso como poseedor de armas de fuego y lo denominó “tenencia exprés”. “Si bien fue un cambio burocrático que no está mal en sí”, opina Alfie, “el mensaje del Gobierno fue ‘queremos facilitarle las cosas a quien se quiera armar’, sin ninguna advertencia sobre los riesgos que implica estar armado. Y esto se produce en el contexto de una agencia de control desahuciada, que hoy tiene nueve inspectores para todo el país”.
En el caso particular de las armas semiautomáticas, la autorización de su uso contrasta con las medidas tomadas en otros países, donde han sido prohibidas para reducir riesgos de violencia y muerte. En Nueva Zelanda, por ejemplo, se prohibió su venta en 2019, un mes después del atentado contra dos mezquitas en la localidad de Christchurch, donde fueron asesinadas 50 personas.
