La movilización de los campesinos bolivianos por la habilitación del expresidente Evo Morales a las elecciones de agosto escaló con la muerte de cuatro policías y un campesino en Llallagua, una ciudad minera en el norte de Potosí. Los policías formaban parte del personal uniformado desplegado por el Gobierno de Luis Arce para recuperar el control de la zona, donde las anteriores horas se habían producido enfrentamientos, con varios heridos, entre los bloqueadores de caminos que responden al “evismo” y vecinos de esta ciudad. En un video que se ha publicado en las redes se ve a un pelotón de policías equipados con material antimotines tratando de protegerse entre sí de lo que parecen ser disparos de un tirador situado a gran distancia. El video no ha sido confirmado por las autoridades. Tres de los policías murieron por heridas de bala y otro fue golpeado por los manifestantes. El presidente Luis Arce instruyó “una profunda investigación hasta encontrar a los responsables de estos hechos para que rindan cuentas ante la justicia”. La causa de la muerte del campesino no ha sido esclarecida aún.
También se han reportado choques entre las fuerzas conjuntas de la Policía y las Fuerzas Armas destacadas por el presidente Arce para controlar la emergencia en la carretera de Cochabamba, cerca del Chapare, la zona cocalera que Morales controla por completo. Cochabamba y Potosí son el epicentro del conflicto, pero también hay protestas en otros sitios del país, lo que muestra la musculatura del líder indígena, quien, según un audio presentado por el Gobierno, pero que él no reconoce como verídico, señala que esta es la “batalla final” de su lucha por volver al poder, que ha sido bloqueada por el gobierno de sus antiguos compañeros del Movimiento al Socialismo (MAS).
Morales no pudo inscribirse ante el Tribunal Electoral para estas elecciones porque no tenía un partido reconocido para hacerlo. La sigla que se había prestado fue anulada por el Tribunal Electoral. El expresidente considera que esta anulación fue instruida por el oficialismo. De todas formas habría sido descalificado si se hubiera inscrito, porque existe una sentencia del Tribunal Constitucional que interpreta la Constitución de 2009 de una manera que impide más de dos periodos presidenciales, lo que lo afecta directamente pues ya ha gobernado tres periodos, entre 2006 y 2019.
Según escribió el exmandatario en sus redes sociales antes de la muerte de los policías, “la gente continúa en las calles” porque “con la judicialización de la política se eliminan los derechos políticos. Con la criminalización de la protesta, se anula la justicia social. Con la proscripción de partidos y candidatos, se vacía de contenido la democracia. Sin la Bolivia profunda —campesina, indígena, popular— no hay Estado Plurinacional posible”. Además de su eliminación de las elecciones, con estas palabras aludía a la detención por el Gobierno de varios dirigentes de su movimiento. Él mismo ha sido acusado por las autoridades de terrorismo y otros cargos por supuestamente haber instruido los bloqueos.
El conflicto entre Morales y el sistema político y electoral se sobrepone en parte y también se alimenta del malestar generalizado por la seria crisis económica que atraviesa el país. En este momento, la escasez de combustibles es aguda, lo que ha provocado enormes filas ante los surtidores de gasolina y diésel. Además, los bloqueos han exacerbado la inflación, que es la más alta que sufre el país en más de 30 años (15%). Las protestas piden abiertamente la renuncia del presidente. Este ha señalado que no se irá, porque eso no resolvería los problemas de la economía. En lugar de eso, ha dado un paso que siempre ha sido peligroso en Bolivia, permitir que los militares salgan a apoyar a la Policía en el control de los cortes de ruta, hasta ahora solamente de forma puntual y con equipo antimotines.
En un gesto inusual para la cultura política del país, los principales candidatos de la centroderecha, Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga y Manfred Reyes Villa,se han reunido en medio de la campaña para pedir entre todos una reunión de los poderes del Estado y todas las fuerzas políticas con el Tribunal Electoral que ratifique lo que se ha avanzado hasta ahora en el proceso electoral, inclusive la lista de candidatos, que es el punto observado por Morales y sus fuerzas rurales.
