La paciencia de la Unión Europea con Hungría está al límite. Los últimos atropellos del Gobierno ultraconservador contra la sociedad civil, los medios de comunicación independientes y el colectivo LGTBI están a punto de desbordar el vaso. Un total de 20 Estados miembros del bloque comunitario han firmado una declaración en la que instan a la Comisión Europea a actuar con celeridad contra la prohibición de la marcha del Orgullo LGTBI, prevista para el 28 de junio en Budapest.
La han publicado este martes, el mismo día en el que el Consejo de la UE —formado por los ministros de los Estados miembros—somete a Hungría a examen por la evolución del Estado de derecho en el país. Se trata de la octava audiencia del Ejecutivo húngaro como parte de un procedimiento sin precedentes que se inició en 2018 y que puede conllevar la retirada del derecho a voto, aunque la agenda de hoy no prevé que se tome ninguna decisión al respecto.
“Estamos profundamente preocupados por las recientes enmiendas legislativas y constitucionales que infringen los derechos fundamentales de las personas LGBTIQ+”, afirma la declaración conjunta hecha pública antes del Consejo. Los firmantes —entre los que están España, Alemania, Francia, Países Bajos (impulsor de la iniciativa), Irlanda y los países nórdicos y bálticos— recuerdan que, “bajo el pretexto de la protección infantil”, el Gobierno húngaro puede prohibir la celebración de desfiles como el Orgullo, imponer multas y emplear software de reconocimiento facial. Las autoridades húngaras estrenaron esa normativa ayer lunes y han vetado una manifestación contra la homofobia en Budapest.
Esas normas, sostiene la carta, “contradicen los valores fundamentales de dignidad humana, libertad, igualdad y respeto a los derechos humanos” recogidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Los firmantes instan a Hungría a cumplir con sus obligaciones internacionales y “revisar estas medidas”, que aprobó en marzo y abril. Urgen además a la Comisión a que “utilice con celeridad todas las herramientas del Estado de derecho a su disposición” si Orbán ignora su petición.
La Comisión Europea no ha tomado aún ninguna medida contra Hungría en relación con la prohibición del Orgullo, pero asegura que está estudiando todas las opciones, incluyendo llevar de nuevo a Budapest ante la justicia y solicitar medidas cautelares urgentes. El comisario de Democracia y Estado de derecho, Michael McGrath, ha afirmado que “la libertad de reunión es un derecho fundamental, no es una amenaza para los niños, no es una amenaza para nadie y debe ser protegida y defendida en todo momento”. Los comisarios europeos han sido invitados a asistir a la marcha por los convocantes —algunos gobiernos europeos, como España, han anunciado que participarán—; pero, según afirmó el lunes un portavoz de la Comisión, la decisión sobre su asistencia “aún no está tomada”.
Impedir la prohibición de la marcha es urgente, porque queda apenas un mes para su celebración. Pero ese no es el único atropello reciente a los valores democráticos europeos de Orbán. El Parlamento húngaro está tramitando una ley titulada Transparencia en la vida pública que parece inspirada en la norma contra agentes extranjeros de Rusia. El proyecto legislativo es el mayor ataque contra la sociedad civil y los medios de comunicación lanzado por Hungría hasta la fecha. El comisario McGrath ha afirmado que la medida viola el derecho de la UE y la Carta de los Derechos Fundamentales. “Hemos pedido al Gobierno húngaro que retire ese proyecto de ley”, ha recordado, y si no lo hace, el Ejecutivo comunitario tomará medidas.
La “opción nuclear”
“En Hungría no existe la prohibición del Orgullo”, ha afirmado János Bóka, ministro húngaro de Asuntos Europeos, a su llegada a la reunión con sus homólogos europeos en Bruselas. “La audiencia de hoy me brindará la oportunidad de explicar a mis colegas el marco constitucional y jurídico”, ha afirmado.
Hungría acumula varios procedimientos de infracción, denuncias ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y multas, por leyes e iniciativas contra el colectivo LGTBI, contra los demandantes de asilo o contra distintos sectores de la sociedad. Tiene congelados, además, 18.000 millones de euros de fondos europeos por esos asuntos, que se suman al deterioro del Estado de derecho y la corrupción.
Bóka debe dar cuenta este martes ante los ministros de la UE de los progresos que los Estados miembros exigen a Hungría. En 2018, a petición del Parlamento Europeo, se inició este mecanismo, en aplicación del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE) para proteger los valores fundamentales de la UE, como la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos. Esta es, desde entonces, la octava audiencia en la que el resto de socios escuchará a las autoridades de Budapest y debatirá sobre sus avances o retrocesos. El ministro húngaro ha descrito el proceso como “una herramienta de histeria política y presión”. La fase sancionadora del procedimiento es la que podría llevar a activar la conocida como “opción nuclear”: retirar a Hungría el derecho a voto en la UE.
Es altamente improbable que eso ocurra, al menos por ahora. Para llegar a ese último recurso, que nunca se ha probado, se requiere unanimidad en la votación —en la que no participa el país afectado—. No solo algún Estado miembro afín, como Eslovaquia, se opondría previsiblemente. Otros temen abrir un precedente que en el futuro se les pueda volver en contra.
Los países del oeste y el norte de Europa expresan con mucha claridad su hartazgo ante la deriva de Orbán y su disposición a avanzar en el proceso sancionador. “No vemos progresos, al contrario. Vemos un declive en lo que se refiere a los valores y derechos fundamentales”, ha manifestado la ministra de Exteriores danesa, Marie Bjerre, al llegar a la reunión. Dinamarca toma el relevo a Polonia al frente de la presidencia rotatoria del Consejo de la UE en julio, y Bjerre ha asegurado que están “dispuestos a utilizar las herramientas necesarias y a avanzar con el artículo 7″.
La ministra sueca, Jessica Rosencrantz, ha expresado también la frustración y el enfado de gran parte de los Estados miembros. “Llevamos siete años, siete audiencias, y hoy quiero dejar muy claro que esto no puede seguir así, a menos que veamos una actitud completamente nueva por parte de Hungría”, ha dicho la titular de Exteriores sueca. “La UE no es solo una unión geográfica, sino una unión basada en valores, y en ese sentido tenemos que actuar con firmeza contra los países que no estén a la altura de nuestros principios comunes”.
Hungría es el socio más incómodo de la UE. Además de los ataques a los principios democráticos de la UE, Orbán torpedea la unión en decisiones clave como la respuesta ante la amenaza rusa. Budapest, socio preferente de Moscú en la UE, trata de bloquear y retrasar sistemáticamente todas las medidas de apoyo a Ucrania. La UE pierde la paciencia, pero el desafío está lejos de terminar.
