Este miércoles, las fuerzas de seguridad argentinas reprimieron con violencia otra protesta de jubilados con el argumento de que cortaban la calle. Javier Milei limitó el derecho a la protesta en el espacio público nada más llegar al poder y desde entonces busca recortar también el derecho a huelga en Argentina. La Justicia frenó un primer intento el año pasado al declarar inconstitucional la reforma laboral incluida dentro de su primer megadecreto de necesidad y urgencia. Este miércoles, el Ejecutivo volvió a avanzar con un nuevo decreto en el que declara numerosas actividades laborales como esenciales y obliga a garantizar en todo momento un funcionamiento de servicios mínimos del 75%. Los sindicatos ya han tachado la normativa de ilegal y se prevé que vuelvan a recurrir a los tribunales.
Los servicios sanitarios, la educación, el transporte aéreo y marítimo, el cuidado de menores, la producción y distribución de gas y combustible, los servicios aduaneros y migratorios y de telecomunicaciones fueron clasificados como esenciales y se prohibió cualquier medida de fuerza que paralice su funcionamiento o que interrumpa más del 25% de estos servicios.
Hasta ahora, la legislación argentina consideraba esenciales solo aquellas actividades cuya interrupción pudiera poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población.
El decreto incorpora además la figura de “actividades de importancia trascendental” a las que les impone mantener al menos el 50% de sus actividades. En esa área queda incluido el transporte público, la radio y televisión, la industria, la construcción, la minería, los servicios bancarios, hoteleros y gastronómicos, entre muchos otros.
El decreto fue redactado para la Marina Mercante, pero en su tercer artículo modifica la Ley de régimen laboral vigente. En su mayor parte, la normativa replica la que ya fue rechazada por la justicia.
“La enorme extensión de actividades que son amparadas por el decreto avanza sobre los derechos de prácticamente todas las personas con actividad laboral del país, violando derechos reconocidos por la Constitución”, denunció el Centro de Estudios Sociales y Legales en un comunicado (CELS).
Este organismo de derechos humanos criticó que uno de los objetivos expresados por el Gobierno para restringir los derechos laborales sea garantizar que no se afecten las metas de recaudación asociadas al equilibrio fiscal. “La decisión del Gobierno no intenta cuidar la vida de la población, sino el ajuste que está llevando adelante y que es el que provoca la reacción social contra esas medidas. Por eso, más que nunca, la huelga y la protesta son derechos que necesitan protección”, advirtió el CELS.
Numerosos sindicatos salieron a rechazar el decreto y anticiparon protestas. “El Gobierno recurre a metodologías antidemocráticas y antijurídicas”, declaró el secretario de políticas educativas de la Confederación General del Trabajo, Sergio Romero. “La modificación por decreto del derecho de huelga es ilegal”, denunció el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar.
Desde que Milei asumió el poder, en diciembre de 2023, los sindicatos han convocado dos huelgas generales y numerosos paros sectoriales y protestas contra el desguace del Estado, pero el presidente ha mantenido el rumbo fijo. Envalentonado por su victoria en las elecciones a concejales en la ciudad de Buenos Aires, el Gobierno acelera la transformación de Argentina sin siquiera pactarla con el Congreso, donde está en minoría.
