El juez estadounidense Brian E. Murphy, del Tribunal Federal de Distrito de Boston, ordenó este martes al Gobierno de Donald Trump que mantenga a través de las autoridades de inmigración la custodia de un grupo de migrantes deportados en avión a Sudán del Sur incluso después de aterrizar en el país africano. El magistrado afirmó en su fallo que los migrantes habían sido deportados en violación de una orden judicial.
El juez Murphy, durante una audiencia virtual organizada apresuradamente, declaró que si bien él no ordenaría que el avión regresara, esa era una opción que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos podría emplear para cumplir con su orden.
Murphy advirtió que los funcionarios podrían ser acusados de desacato penal si determinaba que violaron su orden anterior, que prohibía la deportación rápida de migrantes a países distintos del suyo antes de que pudieran plantear cualquier preocupación de que pudieran enfrentar tortura o persecución allí.
“Tengo fuertes indicios de que mi orden preliminar ha sido violada”, declaró Murphy a Elianis Pérez, abogada del Departamento de Justicia. Murphy, designado por el expresidente demócrata Joe Biden, afirmó que cualquier migrante amparado por la orden judicial en ruta hacia la nación africana debe permanecer bajo custodia del Gobierno a la espera de una nueva audiencia el miércoles.
El juez añadió que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), podría cumplir con dicha orden de diversas maneras, incluyendo mantener a los migrantes en el avión en la pista una vez que aterrice.
“No voy a limitar al DHS en cuanto a dónde los retienen”, declaró Murphy. “Si quieren hacer que el avión regrese, pueden hacerlo”. La agencia no respondió a las solicitudes de comentarios. Este hecho marca un nuevo enfrentamiento entre el poder judicial federal y la administración del presidente republicano Donald Trump en sus esfuerzos por implementar las peticiones de Trump de deportaciones masivas como parte de su agenda inmigratoria de línea dura.
Sudán del Sur, uno de los países más desfavorecidos del África oriental, trata aún de curar las heridas del conflicto que sufrió en la pasada década (2013-2018). Además, cientos de miles de sudaneses han cruzado la frontera para refugiarse en el país vecino y huir de la guerra entre ejército y paramilitares desatada hace tres años. Esto amenaza con añadir mayor inestabilidad a las frágiles economía y política del país.
Otro jurista estadounidense, el juez federal de distrito James Boasberg en Washington, halló el mes pasado “causa probable” para declarar a funcionarios en desacato penal por violar su orden de detener las deportaciones de presuntos miembros de una pandilla venezolana que no tuvieron oportunidad de impugnar sus deportaciones.
El viernes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos mantuvo el bloqueo a las deportaciones de migrantes venezolanos por parte de Trump, en virtud de una ley de 1798 históricamente utilizada solo en tiempos de guerra, y culpó a su administración por intentar expulsarlos sin el debido proceso.
