El Reino Unido y la UE ponen en marcha este lunes una nueva ronda negociadora que despierta perspectivas y emociones encontradas. La primera cumbre bilateral entre ambos bloques, después de la ruptura del Brexit, es la esperanza de un “reinicio” (versión británica) o “relanzamiento” (versión europea) de unas relaciones que han sufrido años de deterioro. Pero también el temor de una nueva maraña de complicaciones técnicas y políticas a la hora de alcanzar un acuerdo. El Gobierno laborista avanzará con cautela y timidez, mientras recela por el retrovisor de la amenaza de una derecha populista y euroescéptica dispuesta a acusarlo de traición. Bruselas acoge con agrado la voluntad de Londres de reparar puentes, pero mantiene la firmeza necesaria ante un intento de pacto que requiere que las dos partes cedan en algo.
Seguridad y defensa, pesca, mayor flexibilidad de controles aduaneros, colaboración energética o mayor libertad para viajar de los jóvenes británicos y comunitarios. La cumbre presenta una ambición en sus objetivos que justifica la relevancia que se le ha dado.
“Mañana [por este lunes], vamos a dar un nuevo paso adelante, que traerá mayores beneficios al Reino Unido, como resultado de una colaboración reforzada con la Unión Europea. Será bueno para crear empleo, para nuestras facturas y para nuestras fronteras”, ha asegurado el primer ministro, Keir Starmer.
Esa es su estrategia: intentar arrinconar el debate ideológico que emponzoñó la política británica durante el proceso de divorcio de la UE para resaltar los beneficios, en materia económica y de seguridad, de un acercamiento al continente.
El comunicado previo a la cumbre lanzado por Downing Street promete beneficios para la industria británica, “que se enfrenta a papeleo burocrático y controles a la hora de exportar a nuestro mayor y más cercano socio comercial”; asegura que será mejor para los supermercados, “que tienen que trasladar estos costes a los consumidores y ven reducida la oferta de productos en sus estanterías”; y señala que aliviará también las facturas de las familias británicas.
Pero del otro lado del Canal de la Mancha, que ha sido mucho más hermético en sus comunicaciones, también se esperan resultados positivos para el bloque europeo. “El acuerdo debe ser equilibrado y beneficioso para las dos partes”, subrayan fuentes europeas.
Aunque en los últimos días se ha avanzado mucho, la máxima de los Veintisiete es que nada está cerrado hasta que todo está cerrado, de manera satisfactoria no solo para Londres sino también para las capitales comunitarias, y hasta bien entrada la tarde del domingo, señalaban las fuentes, todavía quedaban algunos flecos importantes por acordar, informa Silvia Ayuso desde Bruselas.
Primero seguridad, luego el resto
La reunión de Londres convocará al Gobierno británico, con su primer ministro, Keir Starmer, y su ministro de Exteriores, David Lammy, a la cabeza, y a las principales autoridades de la UE: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa. Los acompañan la alta representante de Política Exterior, Kaja Kallas, y el comisario de Comercio, Maros Sefcovic.
De todos los asuntos agendados para el encuentro, el más maduro es el acuerdo de cooperación en seguridad y defensa. La guerra de Ucrania y la incertidumbre geopolítica desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han ayudado a estrechar la cooperación de estos dos bloques en este terreno. Londres y Bruselas han caminado de la mano en su respaldo a Kiev y en su firmeza ante Vladimir Putin.
El acuerdo perseguirá una mayor cooperación entre los dos bloques a la hora de financiar el “rearme” perseguido por Europa, y con alta probabilidad bendecirá el acceso de las empresas británicas a mecanismos como el SAFE, el fondo de 150.000 millones de euros lanzado por la Comisión para la adquisición de armamento. El Reino Unido y la UE respetarán el marco que cobija a ambos, la OTAN, pero trabajarán a su vez en una planificación industrial de defensa conjunta y en una colaboración a la hora de desarrollar una estrategia geopolítica a largo plazo.
“El Reino Unido y la UE comparten intereses estratégicos: en su apoyo a Ucrania, a la hora de gestionar la amenaza de Rusia, y a la hora de adaptarse a un mundo en el que la dependencia del apoyo militar de Estados Unidos ya no es una estrategia viable”, señala Olivia O’Sullivan, directora del programa UK in the World (El Reino Unido en el Mundo) del centro de pensamiento Chatham House.
Después de la defensa, la cumbre pretende avanzar considerablemente en asuntos clave para superar la rigidez derivada del Brexit. En primer lugar, un acuerdo en materia de controles sanitarios y fitosanitarios que permita flexibilizar la exportación de productos ganaderos y agrícolas británicos al continente y a Irlanda del Norte. Londres ambiciona una reducción de hasta el 80% de esos controles, pero sabe que el precio a pagar será un mayor alineamiento con la normativa comunitaria y aceptar como árbitro último al Tribunal Europeo de Justicia.
Tanto el populista Nigel Farage, que ha agitado el escenario político británico con su victoria en las elecciones locales del 1 de mayo, como la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, cada vez más cuestionada internamente, han olido sangre. Ambos han alertado a Starmer ante posibles “cesiones” a Bruselas, y han prometido que las revertirán si llegan al poder. Algo así no ayuda a generar confianza en la otra parte negociadora.
Londres deberá ceder a las presiones de la UE en materia de pesca. Bruselas, impulsada sobre todo por países como Francia, quiere una renovación a largo plazo del acceso de sus flotas a los caladeros británicos, y ha condicionado ese asunto a cualquier acuerdo sobre controles aduaneros.
El Gobierno laborista persigue además la reanudación de la colaboración en materia energética. Starmer sabe que la autonomía de la isla en esta materia tiene sus límites. El apagón de España y Portugal ha sido una seria advertencia de la urgencia del asunto.
Los jóvenes, el asunto más delicado
En los últimos meses, la UE ha impulsado con fuerza la idea de un Esquema de Movilidad Juvenil (Youth Mobility Scheme) que recupere los intercambios que el Brexit eliminó. Sería un acuerdo similar al que ya tiene el Reino Unido con otros países, como Australia. Visados limitados en el tiempo para jóvenes de uno y otro lado del canal de la Mancha, que les permitan estudiar, trabajar o viajar durante largo tiempo. El Gobierno laborista, que ha endurecido considerablemente su política migratoria para retener a los votantes de izquierda seducidos por Farage, se ha mostrado hasta ahora reacio a abrir la puerta a un acuerdo que aumentaría las cifras de inmigrantes y resucitará el fantasma de la libertad de movimientos que tanto agitaron los euroescépticos.
Starmer, sin embargo, se ha mostrado dispuesto a contemplar un plan con cifras concretas y tiempo limitado (en torno a dos años) que recupere esas ventajas para los jóvenes británicos y europeos. Según adelantó la BBC y confirman fuentes europeas, el programa podría renombrarse como Youth Experience Scheme (YES) para reducir la vinculación a la sensible cuestión migratoria.
