Daniel Ortega y Rosario Murillo han impuesto la tarde de este viernes una reforma a los artículos 23 y 25 de la Constitución política de Nicaragua en lo relativo a la pérdida de la nacionalidad. La nueva ley, en un nuevo giro represivo contra la población de Nicaragua, establece que los ciudadanos que hayan obtenido una segunda nacionalidad de manera automática perderán la nicaragüense. La decisión, después de su aprobación por los leales diputados sandinistas, ha sumido en la zozobra a un país entero por dos interrogantes claves. ¿Será de aplicación retroactiva? ¿Implicará confiscación de bienes, tal cual ha sucedido a los más de 400 opositores de toda índole desnacionalizados?
“Los nicaragüenses perderán su nacionalidad al adquirir otra nacionalidad”, se lee ahora en el artículo 25, reformado menos de tres meses después de que la pareja “copresidencial” modificara de manera casi total la Constitución Política para imponer un sistema de poder familiar cada vez más totalitario. El régimen de Ortega y Murillo justificó esta última reforma citando escritos de Augusto C. Sandino, figura fundacional del sandinismo. Argumentan que la nacionalidad es un “pacto sagrado de lealtad” y que no puede existir doble fidelidad.
“Quien adquiera otra nacionalidad y jura lealtad a un Estado extranjero, rompe el vínculo jurídico y moral con Nicaragua. No puede existir doble fidelidad: la patria exige compromiso exclusivo”, cita la iniciativa de reforma firmada por Ortega, que lleva en el poder más de 18 años ininterrumpidos, y su esposa.
Hasta antes de la reforma de los artículos 23 y 25, los nicaragüenses podían adquirir una segunda nacionalidad sin consecuencia alguna. Incluso, los ciudadanos con doble nacionalidad podían optar a un cargo de elección popular, siempre y cuando renunciasen a la segunda ciudadanía con cuatro años de antelación. Sin embargo, todo eso queda derogado y miles de nicaragüenses con doble nacionalidad se asoman a la incertidumbre más absoluta. A eso se suma que Nicaragua es un país marcado por un éxodo sin precedentes, con decenas de miles de exiliados que huyeron de la represión y de la persecución sistemática del régimen.
Aparte de violar los principios del derecho internacional en materia de nacionalidad, lo que más alarma es el antecedente inmediato: la estrategia represiva utilizada por Ortega y Murillo contra más de 450 opositores, periodistas, activistas, empresarios, religiosos, estudiantes, campesinos, escritores y una larga lista de críticos contra quienes el despojo de la nacionalidad ha venido acompañado de la confiscación de todos sus bienes y congelación de cuentas bancarias. Todos, además, fueron declarados “traidores a la patria” y prófugos de la justicia.
“La guardia lee como quiere”
Aunque las reformas ordenadas la tarde de este viernes no detallan nada al respecto, todos temen por la imprevisibilidad y discrecionalidad de la pareja copresidencial. En concreto si esta nueva ley será aplicada de forma retroactiva, es decir, si afectará a todos aquellos que hayan obtenido una segunda ciudadanía antes de hoy. O si solo se aplicará a partir de su entrada en vigor.
“No sé si la reforma constitucional implica directamente la confiscación de bienes, pero hay un antecedente, jurisprudencia puede decir el régimen, que podría abrir la puerta para ello”, dice a EL PAÍS Juan Carlos Gutiérrez, sociólogo y analista político y también uno de los desnacionalizados y confiscados por los Ortega-Murillo. “Aunque estas personas no hayan sido declaradas traidoras a la patria, la simple pérdida de nacionalidad puede dejarles sin protección legal frente al Estado. El argumento del régimen podría ser que ya no son nacionales nicaragüenses, y por tanto no tienen derechos sobre propiedades en el país. En resumen, todo radica en lo mismo: la guardia lee como quiere”, dice.
“La guardia lee como quiere” es una frase muy conocida en Nicaragua. Surgió, según se cuenta, de un incidente en el que un guardia de la dictadura somocista leía al revés el documento de identidad de un ciudadano. Cuando este le señaló el error, el oficial respondió: “La guardia lee como quiere”. “La expresión se ha convertido en una metáfora del poder absoluto: cuando el régimen lo desea, hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere”, dice Gutiérrez para contextualizar las interrogantes que abre esta reforma de los artículos 23 y 25.
“En términos legales, eso se ha traducido en el uso arbitrario de las leyes según el interés político del momento. Se aplican, se ignoran o incluso se eliminan de facto sin importar su vigencia”, insiste Gutiérrez. “Luego, el régimen crea una nueva normativa que busca dar apariencia de legalidad a decisiones ya tomadas. Un ejemplo claro es la cancelación de la nacionalidad a 315 nicaragüenses: fueron juzgados, desnacionalizados y expropiados sin procedimiento legal, en abierta violación a la Constitución vigente. Meses después, reformaron las leyes y la Carta Magna para ‘justificar’ retroactivamente esas decisiones. De nuevo, por eso decimos que la guardia lee como quiere: porque ajustan o aplican la ley según convenga a su interés político”.
Movimiento represivo
El abogado en el exilio Juan Diego Barberena explica a EL PAÍS que la Constitución de 1987 establecía que la nacionalidad nicaragüense se perdía al adquirir voluntariamente otra nacionalidad. Sin embargo, esa disposición, más propia de un país en guerra, fue modificada en la reforma constitucional del año 2000 —conocida como “la reforma del pacto” entre Ortega y el expresidente corrupto Arnoldo Alemán— para permitir la doble nacionalidad. El objetivo de esa reforma fue no inhibir electoralmente a quienes se habían exiliado en los años setenta y ochenta y habían adquirido otra nacionalidad, pero deseaban regresar y participar en política. Se requería que renunciaran a la nacionalidad extranjera con cuatro años de antelación a una elección para ser habilitados como candidatos.
“Lo que el régimen hace ahora es revertir esa reforma del 2000 y regresar al espíritu de la Constitución del 87. ¿Qué implica esto? Que además de la figura de ‘traidor a la patria’, ahora se agrega una nueva causa de inhabilitación electoral: haber adquirido una segunda nacionalidad. Es una doble interdicción”, sostiene Barberena. “Es decir, si te han quitado la nacionalidad por considerarte ‘traidor’ y además tenés una ciudadanía extranjera —como la española en muchos casos—, quedás automáticamente inhabilitado para optar a cargos de elección popular”.
Según el jurista, esto busca blindar aún más el sistema contra cualquier figura opositora, incluso en el exilio. “Además, es probable que después de esta reforma constitucional en primera legislatura, aprueben una reforma a la Ley de Migración y Extranjería, adelantando los efectos de la nueva disposición aunque aún no haya sido ratificada en segunda legislatura. Eso provocaría una doble inconstitucionalidad: aplicar una reforma que aún no ha sido oficialmente incorporada a la Constitución. Algo normal en ellos”, zanja.
