Donald Trump regresa este viernes tras su gira por Oriente Próximo y en Washington le espera una mala noticia. El ala dura del Partido Republicano ha bloqueado en la Cámara de Representantes la tramitación de la gran ley de rebajas de impuestos y recortes de gastos que el presidente de Estados Unidos impulsa como parte de su política económica. Tras los reveses provocados por su caótica política comercial, que le han obligado a rectificar una y otra vez, ahora peligra la otra gran pata de su política económica.
Cinco congresistas republicanos han votado contra el proyecto de ley en la comisión de la Cámara de Representantes, con lo que la ponencia ha sido derrotada por 21 votos a 16. La ley pretende prorrogar las masivas rebajas fiscales aprobadas en su primer mandato, que expiran a finales de año, y aprobar algunas de las promesas de recortes de impuestos que Trump prometió en campaña electoral —a veces de forma engañosa, pues prometía aprobarlos el primer día, pese a que es algo que no depende del presidente—. Entre esas promesas están la exención de impuestos sobre las propinas y las horas extras y la deducción de los intereses de algunos préstamos para la compra de automóviles.
El proyecto también aumenta algunas desgravaciones fiscales para las rentas medias, entre ellas una deducción estándar reforzada de 32.000 dólares (28.700 euros) para los contribuyentes que presentan declaraciones conjuntas y un aumento temporal de 500 dólares en la deducción por hijos, que pasa a ser de 2.500 dólares. También prevé una inyección de 350.000 millones para el programa de deportaciones de Trump y para reforzar el Pentágono.
El resultado de la votación se veía venir porque la ley contribuiría a agravar la crisis fiscal que atraviesa Estados Unidos, elevando el déficit y la deuda en cantidades multimillonarias. Varios congresistas republicanos se han destacado como defensores de una mayor austeridad y reclaman recortes de gasto más agresivos para compensar la pérdida de recaudación que se derivaría de la norma.
Los congresistas rebeldes desoyeron los llamamientos del propio Trump a cerrar filas en un mensaje salpimentado con su habitual demagogia. “Los republicanos DEBEN UNIRSE detrás de ‘¡LA ÚNICA, GRAN Y MARAVILLOSA LEY!’. No solo reduce los impuestos para TODOS los estadounidenses, sino que expulsará a millones de inmigrantes ilegales de Medicaid para PROTEGER este programa para aquellos que realmente lo necesitan. El país sufrirá mucho sin esta legislación, con un aumento de los impuestos del 65%. Se culpará a los demócratas, pero eso no ayuda a nuestros votantes. No necesitamos ‘GRANDES ORADORES’ en el Partido Republicano. ¡DEJEN DE HABLAR Y HÁGANLO! Es hora de arreglar el DESASTRE que nos han dejado Biden y los demócratas. ¡Gracias por su atención a este asunto!“, escribió en Truth, su red social.
Aunque el déficit estadounidense siguió siendo muy alto con Biden, en realidad se redujo con respecto al que dejó Trump, durante cuyo mandato la deuda pública se disparó. Biden dejó además una economía que crecía a buen ritmo, con la tasa de paro cerca de mínimos históricos y la inflación prácticamente controlada.
En los primeros cuatro meses de su segundo mandato, Trump ha dilapidado esa herencia con su errática política económica, ha debilitado a la agencia tributaria y su capacidad recaudatoria y ha promovido una rebaja de impuestos que dispararía de nuevo tanto el déficit como la deuda. Al tiempo, ha realizado recortes menores de gasto a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk, que ha inflado sus logros con errores de bulto. Al tiempo, Trump y Musk han lanzado a diestro y siniestro tanto bulos como acusaciones de corrupción contra los demócratas sin pruebas ni denuncias ante los tribunales.
Aunque la ley promovida por Trump y los republicanos reafirma una senda insostenible para las cuentas públicas, puede impulsar la actividad a corto plazo con esa política fiscal expansiva. Por ello, el presidente contaba con ella para reparar parte del daño al crecimiento económico provocado hasta ahora con sus medidas.
Amenazas de represalias
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, seguirá intentando sacar adelante la ley. En ocasiones anteriores, Trump ha amenazado a los congresistas díscolos con represalias políticas si no se alinean con él. Habrá que ver si la presión trumpista o algunas concesiones les hacen entrar en vereda. En contra de la norma han votado los congresistas Chip Roy (Texas), Ralph Norman (Carolina del Sur), Josh Brecheen (Oklahoma), Andrew Clyde (Georgia) y Lloyd Smucker (Pensilvania). Roy es el cabecilla del grupo.
Los congresistas del ala dura republicana, muchos de ellos miembros del llamado Freedom Caucus (Grupo de la Libertad), reclaman recortes más drásticos en el gasto en sanidad y en los incentivos fiscales a la energía verde de la era Biden, entre otros cambios en un proyecto de ley de 1.116 páginas que necesita ser aprobado por la Cámara de Representantes y por el Senado para salir adelante.
En su intento por lograr mayores recortes en el gasto, los congresistas más conservadores están apuntando a Medicaid, el programa de asistencia sanitaria para unos 70 millones de estadounidenses. Quieren que los nuevos requisitos laborales para los beneficiarios de las ayudas entren en vigor de inmediato, en lugar del 1 de enero de 2029, como propone la norma.
En paralelo, algunos congresistas republicanos de Estados con altos impuestos, como Nueva York, exigen una deducción fiscal básica más amplia. La norma propone triplicar el límite máximo actual de 10.000 dólares para la deducción de impuestos estatales y locales, aumentando esta cifra a 30.000 dólares para los contribuyentes que presenten declaraciones conjuntas con ingresos de hasta 400.000 dólares al año. Nick LaLota, congresista por Nueva York, reclama una deducción de 62.000 dólares para los contribuyentes individuales y de 124.000 dólares para las declaraciones conjuntas.
Los demócratas, mientras, denuncian que millones de personas perderían su cobertura sanitaria o verían reducidas sus ayudas alimentarias si se aprobara el proyecto de ley, mientras que los estadounidenses más ricos se beneficiarían de enormes recortes fiscales.
Para compensar parcialmente las rebajas de impuestos, la ley pretende recortar más de un billón de dólares en programas de asistencia sanitaria y alimentaria a lo largo de una década, en parte imponiendo requisitos laborales a los adultos sanos. Ciertos beneficiarios de Medicaid tendrían que trabajar 80 horas al mes o realizar otras actividades comunitarias para recibir asistencia sanitaria. Eso podría privar de asistencia a unos 7,6 millones de personas, según la Oficina Presupuestaria del Congreso.
Asimismo, los estadounidenses de edad avanzada que reciben ayuda alimentaria a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP, también verían ampliado el requisito actual del programa de trabajar para los participantes sanos sin personas a su cargo, de modo que se incluiría a las personas de entre 55 y 64 años. Eso puede privar de las ayudas a unos tres millones de beneficiarios. Los Estados tendrían además que asumir una mayor parte del coste del programa.
