Daniel Ortega y Rosario Murillo han dado una estocada final a los restos de la independencia judicial en Nicaragua: la pareja presidencial ha despojado a los jueces de su autoridad y los ha subordinado a la Policía Nacional –dirigida por el consuegro de los copresidentes, el comisionado general Francisco Díaz– en lo relacionado a la incautación y confiscaciones de bienes y propiedades.
Una circular policial fechada a inicios de mayo, pero divulgada esta semana, establece que toda orden judicial relacionada “con embargos, ocupación de propiedades o desalojos por deudas, deberá ser aprobada previamente por la jefatura policial” que, en resumidas cuentas, obedece al pie de la letra el dictado de Ortega y Murillo. En ese sentido, los embargos y confiscaciones de propiedades son una de las principales dagas represivas del régimen sandinista contra todo ciudadano considerado opositor.
“Esta disposición no solo representa un nuevo eslabón en la cadena de control autoritario, sino que además viola abiertamente la Constitución Política de Nicaragua”, recuerda el abogado Juan-Diego Barberena, exiliado en Costa Rica. El artículo 167 de la Carta Magna establece que “los fallos y resoluciones de los tribunales y jueces son de ineludible cumplimiento para las autoridades del Estado, las organizaciones y las personas naturales y jurídicas afectadas”. Sin embargo, a partir de ahora, la jefatura policial está por encima de la justicia para ejecutar confiscaciones que, de hecho, los oficiales ya venían realizando sin necesidad de órdenes emanadas del Poder Judicial.
“L@s Jef@s previo a la ejecución de órdenes u oficios judiciales que impliquen el embargo, ocupación de bienes por deudas o desalojo de propiedades, deberán estar autorizados por el suscrito y C. G. Victoriano Ruíz Urbina”, se lee en el primer punto del documento. Ruiz Urbina es el actual jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) y el responsable de la cárcel El Chipote, el principal centro de torturas de la administración familiar Ortega-Murillo.
La orden interna fue dirigida a todas las delegaciones policiales y jefaturas especializadas del país, en un mensaje claro de que no pueden obedecer a los jueces ningún acto que implique embargo, ocupación o desalojo de bienes. La circular también condiciona la ejecución de órdenes de captura relacionadas con delitos patrimoniales como estafas o estelionato (el acto de vender una propiedad ya cedida), incluso si están debidamente emitidas por jueces.
“La policía se coloca como un órgano al sistema judicial, anulando la autoridad de los tribunales. ¿Qué implicaciones jurídicas tiene esto? Que se disuelve la función jurisdiccional”, explica Barberena a EL PAÍS. “Es decir anula la capacidad de los tribunales de ejecutar lo juzgado. Eso, en esencia, es la principal atribución de los sistemas de justicia. O en otras palabras, es reflejo de la ausencia de la sujeción de poder a la ley, la inexistencia del estado de derecho en Nicaragua”, dice.
El argumento oficial de la Policía es realizar una “caracterización” de las personas implicadas y analizar la situación territorial. Sin embargo, en la práctica, este procedimiento otorga a los oficiales la potestad de decidir si se cumple o no un mandato judicial, lo cual es inconstitucional.
“El filtro político de la justicia”
Si bien ya la justicia respondía a Ortega y Murillo, siendo nada imparcial, ahora con el nuevo procedimiento, según otro abogado consultado bajo condición de anonimato, se convierte a la Policía “en un filtro político-administrativo de la justicia”. “Esta práctica puede derivar en un sistema de justicia selectiva, en el que la ejecución de órdenes judiciales dependerá de intereses políticos o de alianzas con el poder. Casos de despojo de tierras, ocupaciones ilegales y litigios por deudas podrían resolverse no en los tribunales, sino en oficinas policiales bajo criterios de conveniencia”, apunta el jurista.
La circular emitida se enmarca en un proceso más amplio de control institucional total por parte del régimen de Ortega y Murillo. Nueve días después de la emisión de la directriz interna de la Policía, la Asamblea Nacional, controlada en su totalidad por el oficialismo, aprobó de urgencia una nueva Ley de carrera judicial que eliminó de facto los concursos de méritos y oposición como vía de ingreso y promoción dentro del sistema de justicia nicaragüense. Se despoja al Poder Judicial de la facultad de nombrar discrecionalmente a jueces, magistrados, secretarios y asesores judiciales.
En otras palabras, consolida la subordinación política de todo el sistema judicial que, desde febrero pasado con la reforma constitucional total ordenada por la pareja gobernante, dejó de ser una institución para convertirse “en un órgano coordinado” por el Ejecutivo.
