Los años de mayores ingresos petroleros en Venezuela por el alza que vivió el precio del barril en los tiempos de Hugo Chávez han desencadenado la mayor corrupción que ha vivido el país. Ahora, cuando la producción de la industria venezolana ha llegado a sus mínimos, los malos manejos políticos siguen dilapidando el escaso dinero que entra en el país petrolero. La empresa estatal PDVSA vive un nuevo proceso de purgas con las detenciones de altos funcionarios y la renuncia, este lunes, de Tareck El Aissami como ministro del área tras una investigación por corrupción en las entrañas de la petrolera estatal venezolana. El chavismo ha tenido que enfrentarse a la que durante años fue la gallina de los huevos de oro de Venezuela y se convirtió en la caja chica de una enorme élite que creció en los años del chavismo.
La empresa estatal inició sus operaciones en enero de 1976, tras la nacionalización del petróleo, y durante las últimas décadas del siglo XX fue una rara avis en medio de la tradicionalmente corrupta y disfuncional administración pública latinoamericana. Un año antes de que Hugo Chávez llegara al poder, PDVSA producía 3,2 millones de barriles al día y agrupaba a un conglomerado de empresas extranjeras fusionadas de las que heredó los procesos de operación, los sistemas de balance y control, estándares y prácticas que la hicieron funcionar como las grandes transnacionales del petróleo.
La cultura de la llamada meritocracia convirtió a su nómina en una plantilla de grandes capacidades, contra la que el chavismo fue en 2003 después de la huelga a la que se sumaron los trabajadores petroleros por el viraje que estaba tomando el Gobierno. Fue una de las primeras crisis políticas de la revolución bolivariana. De esos años es la recordada escena de Chávez en televisión, haciendo sonar un pito mientras declara el “off side” a un grupo gerente de PDVSA, al que siguió una lista de más de 18.000 trabajadores que fueron despedidos por participar en el paro, publicada en la prensa oficialista. Ese modelo de empresa pública que funcionaba con la eficiencia de una privada, la idea de que su personal con alta calificación y sueldos competitivos eran una suerte de privilegiados chocó contra el socialismo bolivariano de Chávez.
De esa purga que llevó a la desprofesionalización vienen los lodos de este colapso de una industria altamente tecnificada. Durante más de una década, gobernó PDVSA Rafael Ramírez, uno de los grandes alfiles de Chávez, y la sombra bajo la cual también se perdieron grandes cantidades de recursos en distintos esquemas de corrupción. La convirtió entonces en la PDVSA “roja, rojita”, un brazo político del chavismo que tejió una red de apoyo internacional con la llamada petrodiplomacia, es decir, la venta con descuentos a aliados ideológicos. Sin embargo, el principal cliente de PDVSA siguió siendo Estados Unidos, con la venta de 500.000 barriles diarios hasta 2019, con la entrada en vigor de las sanciones que impuso Donald Trump. Ramírez salió de la empresa con Nicolás Maduro, tras la muerte de Chávez, y se convirtió en un opositor a su Gobierno.
Maduro profundizó el foso en el que había caído la empresa. La salida de Ramírez trajo detenciones de gerentes y la entrada de nuevos grupos de poder en el manejo de la caja registradora del Gobierno. El presidente venezolano nombró, por primera vez, a un militar a cargo, que un par de años después declaró la emergencia en la industria petrolera. El ahora defenestrado El Aissami fue el encargado de resolver un escenario en que el petróleo venezolano ya estaba vetado por las sanciones sectoriales de Estados Unidos.
El cerco que levantó Washington obligó a Venezuela a depender de una compleja y opaca red de intermediarios para poder ofrecer su petróleo. Se quedó con India, China y Rusia como principales compradores con importantes descuentos que han mermado los ingresos. Venezuela vende más petróleo del que termina cobrando, un dinero que se pierde entre los intermediarios, que no puede controlar, y la corrupción que orbita un negocio que se mueve más de forma subterránea. La salida del juego de Rusia por las sanciones impuestas tras la guerra contra Ucrania hicieron mucho más oscuras estas redes. Bajo la administración de El Aissami se creó una estructura basada en el uso de criptomonedas para poder soportar el cobro de los ingresos por venta, de la que se perdieron los 3.000 millones de dólares que han desatado este nuevo escándalo en la petrolera.
Sobre esta incertidumbre se construye la errática política fiscal del Gobierno que impacta en toda la economía. Algunos economistas calculan que entre 2020 y 2022, las pérdidas de PDVSA por todas estas circunstancias representan alrededor del 34% del ingreso percibido. En un informe de 2022, Transparencia Venezuela reveló que durante los últimos 20 años que ha gobernado el chavismo se han abierto unos 127 expedientes de corrupción en 16 países relacionados con PDVSA, que se traducen en irregularidades que comprometieron más de 42.000 millones del patrimonio público venezolano.
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